Tras la detención de las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, aseguró que actualmente no existen más personas investigadas por delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí.
La declaración busca poner fin a las versiones que en días recientes alertaban sobre presuntas investigaciones y órdenes de aprehensión contra más comunicadores y administradores de páginas informativas bajo las reformas conocidas como «Ley Serrano». “Al menos no tenemos ninguna persona ahorita investigada por estos hechos”, afirmó la titular de la Fiscalía General del Estado.
La fiscal también rechazó categóricamente la existencia de una denuncia contra otras diez personas, información que circuló en redes sociales y que generó preocupación entre periodistas y activistas. “No tenemos ninguna otra denuncia contra 10 personas. Absolutamente falso”, sostuvo.
Las declaraciones ocurren después de que Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo recuperaran su libertad mediante una suspensión condicional del proceso autorizada por un juez de control. Ambas permanecerán sujetas durante un año a diversas condiciones judiciales, entre ellas el pago de la reparación del daño y presentarse periódicamente ante las autoridades. García Cázares defendió la actuación de la Fiscalía y rechazó que la liberación haya ocurrido por la presión pública generada tras la intervención de organismos nacionales e internacionales defensores de la libertad de expresión. Según explicó, la salida alterna fue planteada ante la autoridad judicial desde días antes y la decisión correspondió exclusivamente al juez que conoció del caso.
La funcionaria también confirmó que actualmente no existen denuncias contra periodistas bajo la legislación que sanciona conductas relacionadas con el uso de inteligencia artificial para generar alarma social. Mientras tanto, el Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informó que continuará dando seguimiento al caso, luego de que la suspensión condicional del proceso dejara sin efecto la prisión preventiva que enfrentaban las dos comunicadoras.
El organismo reiteró su postura de que el asunto no deriva del ejercicio periodístico, sino de hechos entre particulares relacionados con la presunta difusión de contenidos elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial, una posición que ha sido cuestionada por organizaciones nacionales que consideran que el caso sí tiene implicaciones para la libertad de expresión. Mientras tanto la llamada Ley Serrano continúa bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras organismos de defensa de periodistas siguen observando de cerca lo que ocurre en San Luis Potosí.
