En un hecho sin precedentes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó por primera vez el Artículo 34 para México, solicitando que la crisis de desapariciones en el país sea llevada ante la Asamblea General. La decisión marca un punto de quiebre: la situación ha alcanzado niveles que preocupan al derecho internacional.
Lejos de ser una sanción directa, el organismo dejó claro que se trata de un mecanismo excepcional de cooperación internacional, con el objetivo de que el Estado mexicano reciba apoyo técnico, financiero y especializado para enfrentar una problemática que ha rebasado capacidades institucionales. El Comité concluyó que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas” que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad, al existir indicios de prácticas generalizadas o sistemáticas en distintas regiones del país.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México acumula más de 132 mil personas desaparecidas, entre ellas casi 29 mil mujeres. Mientras la mayoría de las víctimas son hombres, las mujeres enfrentan un riesgo adicional, ya que muchos casos podrían estar relacionados con delitos como trata o feminicidio, lo que dificulta su localización.
¿Qué implica la intervención de la ONU?
El Comité explicó que esta medida no busca determinar culpables ni imponer sanciones, sino activar mecanismos de apoyo internacional para fortalecer:
Las labores de búsqueda
El análisis forense
Las investigaciones
La protección a víctimas y colectivos
Además, pidió establecer un mecanismo eficaz que permita esclarecer la verdad y garantizar seguridad a las familias y organizaciones que buscan a sus desaparecidos.
Otro punto clave es que el organismo internacional llamó a profundizar en los posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado, un tema que ha sido señalado durante años por colectivos y organizaciones civiles. Aunque el Comité no actúa como una comisión de investigación, sí puede intervenir cuando existen indicios sólidos provenientes de fuentes confiables, como en este caso.
La decisión también revive una problemática estructural: la llamada crisis forense en México, reconocida desde 2019, donde miles de cuerpos permanecen sin identificar por falta de capacidad institucional. Este escenario ha sido denunciado constantemente por colectivos de búsqueda, quienes enfrentan no solo la ausencia de sus familiares, sino también obstáculos institucionales.
La intervención de la ONU coloca a México en el centro de la atención internacional. No es una condena, pero sí un llamado urgente a actuar ante una crisis que, según el propio Comité, ha cruzado los límites de lo tolerable a nivel global. El caso ahora podría escalar a la Asamblea General, donde se definirían las acciones de apoyo internacional.
