Una mujer denunció públicamente que en 2021 fue víctima de violación por parte de Aaron “N”, una persona de su confianza. Según su testimonio, se encontraba en condición de vulnerabilidad, se negó al acto sexual y, pese a ello, fue sometida con violencia, lo que le provocó lesiones que requirieron intervención quirúrgica. “Dije que no. Me negué. No importó”, expuso.
El caso logró avanzar hasta 2025, cuando el imputado fue vinculado a proceso. Sin embargo, la resolución cambió: un juez determinó dejarlo en libertad. La decisión no se sustentó en la inexistencia del delito ni en la falta de pruebas, sino en un tecnicismo: inconsistencias en el número de una dirección y cambios en la apariencia de la fachada del inmueble referido. “Lo liberó por un error en el número de una dirección… así de poco vale una mujer frente a un formalismo”, denunció.
La víctima también señaló que durante el proceso se informó a la autoridad sobre la posible existencia de otras víctimas y un patrón de conducta del señalado: búsqueda de mujeres en situación de vulnerabilidad para agredirlas sexualmente. “Sabía que no soy la única. Sabía que hay más víctimas. Sabía que es un riesgo. Y aun así, lo dejó libre”, afirmó. Actualmente, el imputado enfrenta el proceso en libertad. “Hoy mi agresor está en la calle. Libre. Con la posibilidad de huir. Con la posibilidad de volver a hacerlo”, advirtió.
La denunciante cuestionó directamente el actuar del sistema de justicia: “La justicia no puede depender de un número mal escrito. No puede ser un error de dedo cuando lo que está en juego es la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres”.
Este caso se suma a otros en la entidad donde imputados por delitos de violencia de género han obtenido su libertad por criterios formales. Aunque no corresponden a los mismos jueces ni a las mismas víctimas, las resoluciones presentan similitudes. Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial sobre este caso.
