La reforma electoral ya aprobada en San Luis Potosí desató una nueva tormenta política. Mientras el oficialismo la defiende como una medida para ordenar el gasto, la diputada del PRI Frinné Azuara Yárzabal lanzó una advertencia directa: el llamado “Plan B” viola la autonomía de estados y municipios y los obliga a pagar los errores financieros del gobierno federal.
La legisladora cuestionó que, en nombre de la austeridad, se pretenda ahorrar alrededor de 4 mil millones de pesos recortando recursos locales, mientras —aseguró— se siguen perdiendo cifras millonarias en proyectos federales. “¿Por qué estados y municipios tienen que pagar los malos manejos?”, reclamó, al señalar pérdidas diarias en Pemex y en el Tren Maya.
Este reclamo surge apenas días después de que el Congreso del Estado aprobara la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 20 votos a favor y solo cuatro en contra, colocando a San Luis Potosí entre los primeros estados en respaldarla.
¿Qué cambia realmente? La reforma fija reglas claras: Máximo 15 regidores por ayuntamiento, sin importar el tamaño del municipio; Tope de 0.70% al presupuesto del Congreso local, lo que limita su crecimiento; Paridad de género obligatoria en la integración de cabildos. Aunque el discurso oficial habla de orden y ahorro, la oposición insiste en que el fondo del problema sigue intacto.
Azuara Yárzabal aseguró que lo urgente no era recortar estructuras, sino atacar temas graves que marcaron las elecciones recientes: violencia política, financiamiento ilegal y uso del aparato gubernamental. Recordó que en el proceso electoral de 2024 más de 35 candidatos fueron asesinados y se registraron más de 500 quejas por violencia política de género. También reprochó la desaparición de apoyos como el Fortaseg y otros fideicomisos, señalando que los municipios necesitan más recursos, no menos.
Del otro lado, legisladores de Morena y aliados sostienen que la reforma busca poner orden en el gasto público y evitar excesos. Incluso se adelantó que el siguiente paso será armonizar las leyes estatales antes de 2027, en coordinación con nuevas propuestas del Ejecutivo estatal encabezado por Ricardo Gallardo Cardona.
