San Luis Potosí vuelve a colocarse en el centro del debate político rumbo a 2027. La propuesta que obligaría a todas las candidaturas a contar con una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad es respaldada por el Gobierno estatal, pero el órgano electoral advierte que deberá analizarse con lupa para no vulnerar derechos. La consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Paloma Blanco López, dejó claro que la iniciativa aún está en revisión y que no hay una postura definitiva. Sin embargo, reconoció que el objetivo central —elevar la confianza ciudadana en quienes compiten por cargos públicos— es válido. “No se puede perder de vista que cualquier requisito adicional debe respetar los derechos político-electorales y evitar discriminación”, advirtió.
La iniciativa, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, plantea que sea el propio Estado —a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza— quien emita la certificación obligatoria para aspirantes a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Esto implicaría aplicar pruebas psicológicas, médicas, toxicológicas, socioeconómicas e incluso poligráficas, similares a las de cuerpos de seguridad. El punto crítico: El gobierno estatal sería quien certifique a quienes buscan competir… incluso contra ese mismo gobierno.
Desde el órgano electoral Paloma Blanco recordó que ya existen criterios judiciales que obligan a evitar cargas excesivas, especialmente para grupos históricamente discriminados. Esto incluye: a personas indígenas, personas con discapacidad y candidaturas independientes El riesgo, advierte el Ceepac, es que un filtro de este tipo termine limitando el acceso real a la contienda.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona respaldó abiertamente la iniciativa y aseguró que no ve problema en su implementación. Incluso planteó que: la medida se aplique desde el próximo proceso electoral, se sume la Fiscalía General de la República para evaluar candidaturas federales y que exista una “doble vía” para quienes desconfíen del sistema estatal “Es importante evitar que llegue gente vinculada con la delincuencia”, sostuvo.
El propio Serrano Cortés reconoció que la propuesta puede generar “sospechosismo”, especialmente porque: es impulsada por un partido en el poder, el filtro lo aplicaría una instancia estatal y llega en la antesala del proceso electoral 2027 Aun así, defendió que se trata de institucionalizar la confianza, no de controlar candidaturas. La iniciativa ya está en comisiones del Congreso local y será discutida en mesas de análisis con todas las fuerzas políticas.
