Con playeras alusivas a la selección mexicana, familiares de personas desaparecidas se manifestaron durante la presentación del informe “Desaparición de Personas en México 2026” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual concluye que en el país este delito se comete de forma “generalizada” e “indiscriminada”.
El Gobierno de México recibió formalmente el informe y anunció una ruta de atención que supuestamente pone a las familias “en el centro”. Pero los colectivos reaccionaron con indignación: aseguran que el documento confirma la tragedia… y que el Estado responde con lo de siempre.
De las 40 recomendaciones, denunciaron que 38 no son nuevas: ya estaban en la Ley General de 2017, en el plan federal de 2019 y en las recomendaciones de la ONU-CED de 2022, mismas que han sido ignoradas o aplicadas sin resultados. Para las familias, el problema no es la falta de diagnósticos, sino el cinismo institucional. “Nos vuelven a decir qué hacer, pero no dicen cómo obligar al Estado a cumplir cuando el Estado es parte del problema”, reclamaron.
El informe expone cifras alarmantes: hasta junio de 2025 México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas, pero actualmente ya son más de 133 mil. Cerca de 18 mil son niñas, niños y adolescentes. Además, el país arrastra una crisis forense brutal: más de 70 mil cuerpos sin identificar están bajo custodia de autoridades.
En San Luis Potosí, colectivos han denunciado que las desapariciones siguen creciendo mientras las autoridades permanecen en la simulación: comisiones sin recursos, investigaciones lentas y promesas repetidas. La exigencia de una respuesta real se mantiene vigente en el estado, donde familias siguen buscando en campo ante la ausencia de las autoridades.
Mientras la CIDH advierte que México vive una crisis de derechos humanos, las familias lo resumen sin rodeos: el informe no basta si el gobierno no actúa, no castiga y no rompe la colusión.
