El Congreso del Estado de San Luis Potosí impugnó la sentencia federal que obligaba al Gobierno estatal y al Poder Legislativo a destinar presupuesto específico para la atención de personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad.
La apelación fue presentada el pasado 7 de mayo por el coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso, luego de que la jueza sexta de Distrito, Aracely del Rocío Hernández Castillo, resolviera dentro del expediente 183/2026-III que ambas instituciones incurrieron en una omisión constitucional al no asignar recursos para esta población.
La organización Casa Orquídea A.C. calificó la decisión como un acto de “discriminación presupuestal” y advirtió que el retraso impacta directamente en la operación del refugio, donde se atiende a personas trans, adultos mayores abandonados, personas con VIH, migrantes y población en situación de calle.
Francisco Olvera, presidente de la asociación, aseguró que actualmente el refugio sobrevive con donaciones ciudadanas y recursos limitados, lo que obliga a reducir alimentos, medicinas y espacios de atención. “Prefieren gastar recursos públicos en tribunales antes que destinarlos a comida, vivienda o salud para quienes más lo necesitan”, denunció.
Casa Orquídea anunció que continuará la batalla legal en tribunales superiores para exigir una partida presupuestal etiquetada para la población LGBTIQ+ y acusó que cada mes de retraso deja a personas sin techo, alimentos ni atención médica.
