WASHINGTON D.C. / CULIACÁN – Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Una fuente del Departamento de Justicia estadounidense confirmó el hecho, consolidando a Almanza como el tercer exfuncionario de la entidad que se rinde ante la justicia norteamericana.
Almanza Avilés es señalado como uno de los principales exmandos de seguridad pública vinculados al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de «Los Chapitos». La acusación formal indica que el exjefe policial recibía sobornos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos por parte de dicha organización, figurando bajo la clave «R1» en las listas de pagos recuperadas por las autoridades.
Protección institucional a «Los Chapitos»
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia, el pacto criminal se estableció inicialmente entre 2017 y 2018 durante una reunión celebrada en uno de los ranchos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa. A cambio del dinero, Almanza Avilés permitió que la facción operara con total libertad en el estado, facilitando especialmente el tráfico de drogas y el paso de cargamentos de sustancias químicas para la producción de fentanilo a través de Culiacán, sin ninguna interferencia de la corporación a su cargo.
La red de corrupción también abarcaba el uso de la fuerza del Estado para fines delictivos, ya que el exmando emitía órdenes de aprehensión contra enemigos de «Los Chapitos» a petición de estos, y ordenaba la liberación de miembros del cártel que habían sido arrestados. Asimismo, la acusación detalla que, hasta el año 2020, el exjefe de la PDI recolectaba «cuotas» de laboratorios de metanfetamina pertenecientes a traficantes rivales con el doble propósito de encarecer los costos de la competencia y obtener beneficios personales.
Cargos graves y decomiso de bienes
Tras su entrega, Marco Antonio Almanza Avilés enfrenta cargos federales por conspiración para la importación de narcóticos (fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina), así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos relacionados con el narcotráfico. Como parte del proceso judicial, las autoridades estadounidenses buscarán la incautación total de los bienes y las ganancias económicas derivadas de sus actividades ilícitas.
