La polémica por la llamada “Ley Serrano” sigue escalando y ya alcanzó las más altas instancias de protección a periodistas en México. Verónica Espinosa Bueno, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, declaró que la reforma aprobada en San Luis Potosí representa un riesgo directo para la libertad de expresión y podría convertirse en una herramienta de censura, intimidación y persecución judicial.
Las declaraciones ocurren en medio de la controversia generada por las primeras detenciones realizadas bajo el artículo 187 Ter del Código Penal, las críticas de organizaciones nacionales e internacionales y la revisión de la reforma por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras una impugnación promovida por la CNDH.
Espinosa Bueno reveló que el caso de San Luis Potosí ya fue discutido dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección y en el Consejo Consultivo Ciudadano, donde existe una preocupación creciente por las implicaciones de la legislación. “La vemos como una reforma evidentemente dirigida a censurar, a intimidar y a ocasionar acoso ministerial y judicial, particularmente contra periodistas, pero también contra activistas y personas que cuestionan el ejercicio de gobierno”.
La consejera afirmó que existe inquietud porque la norma pueda utilizarse para castigar voces críticas bajo el argumento del combate al uso indebido de la inteligencia artificial.
Respecto al posicionamiento del Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Espinosa declaró, bueno, resulta “inaudito y reprochable… Nos parece alarmante que un mecanismo cuya función es acompañar y proteger a periodistas se lave las manos frente a una situación que debería preocuparle profundamente”.
Indicó que desde el ámbito federal se solicitó información formal al mecanismo local, al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado, aunque aseguró que hasta ahora no ha existido una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades potosinas.
La integrante del Consejo Consultivo recordó que la legislación fue aprobada en cuestión de días y advirtió que las consecuencias de una norma de este tipo pueden ser graves en contextos donde existe tensión entre el poder político y los medios de comunicación. “Sabemos muy bien cómo operan estas cosas y las implicaciones que puede tener una reforma así en un estado donde existe un afán de evitar el ejercicio crítico y la exigencia de rendición de cuentas”.
Aseguró que el mecanismo federal dará seguimiento a los procesos judiciales iniciados bajo esta legislación y buscará acompañar a quienes consideren que están siendo criminalizados. Sostuvo que la reforma potosina es excesiva, regresiva y contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión.
Aunque reconoció que la regulación de la inteligencia artificial es un tema que debe discutirse, consideró que la vía elegida por el Congreso de San Luis Potosí es equivocada. “La regulación de la inteligencia artificial es un desafío real, pero la respuesta no puede ser la censura, la persecución judicial, la criminalización ni utilizar este tema como pretexto para aplastar el ejercicio periodístico”.
Añadió que la legislación termina privilegiando el castigo penal sobre derechos fundamentales como la libertad de opinión, el acceso a la información y el derecho a cuestionar a las autoridades
Agregó que existe preocupación de que el poder institucional pueda utilizarse para hostigar a comunicadores críticos bajo nuevas figuras penales relacionadas con la inteligencia artificial. Ante el escenario actual, la integrante del Consejo Consultivo llamó a reforzar la vigilancia sobre lo que ocurre en San Luis Potosí y pidió la intervención de instancias nacionales e internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Aseguró que diversas organizaciones ya siguen de cerca los acontecimientos y que el caso potosino podría convertirse en un precedente para otras entidades del país. “Lo que pasa en San Luis puede reproducirse en otros estados. Lo que más preocupa es que estas herramientas puedan utilizarse en contextos electorales, porque eso incrementa los riesgos para periodistas y comunicadores”.
La llamada “Ley Serrano”, creada para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial y la manipulación de identidad digital, fue presentada por sus impulsores como una herramienta para combatir los deepfakes y proteger a las víctimas de contenidos falsificados. Sin embargo, desde su aprobación ha enfrentado cuestionamientos por parte de periodistas, organismos de derechos humanos, especialistas y legisladores de oposición, quienes advierten que sus conceptos son ambiguos y podrían derivar en censura o persecución política.
Con las primeras detenciones ya realizadas, la intervención de organismos nacionales e internacionales y la revisión de la reforma en la Suprema Corte, el debate sobre los límites entre la regulación tecnológica y la libertad de expresión está lejos de terminar en San Luis Potosí.
