La instalación de un antimonumento para periodistas asesinados y desaparecidos en México llega en un momento de máxima tensión para San Luis Potosí, donde la aplicación de la llamada “Ley Serrano” ha provocado señalamientos de censura, persecución judicial y ataques a la libertad de expresión.
Mientras familiares de periodistas exigían justicia en Paseo de la Reforma, organizaciones nacionales e internacionales mantienen la atención sobre San Luis, tras las recientes detenciones de comunicadores y administradores de páginas informativas bajo una reforma que incluso ya fue impugnada ante la Suprema Corte.
Durante la inauguración del antimonumento, Griselda Triana, viuda del periodista asesinado Javier Valdez, recordó que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. “No habrá transformación mientras la verdad, la justicia y la garantía de no repetición no lleguen a las víctimas”.
La periodista señaló que más de 200 periodistas han sido asesinados y más de 30 permanecen desaparecidos desde el año 2000. Además, denunció que el 98 por ciento de los asesinatos de periodistas continúa impune, una cifra que refleja el fracaso de las instituciones para proteger a quienes informan.
Las palabras cobran especial relevancia en San Luis Potosí, donde en las últimas semanas se han encendido las alarmas por el uso de la reforma sobre inteligencia artificial impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés. La legislación fue presentada como una herramienta para combatir la manipulación digital, pero organizaciones como ARTICLE 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han advertido que podría utilizarse para criminalizar a periodistas, comunicadores y voces críticas.
Las recientes detenciones de comunicadores y las denuncias sobre investigaciones contra periodistas provocaron que organismos defensores de la libertad de expresión pusieran la mirada en el estado. Incluso integrantes del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas han señalado que la reforma podría convertirse en una herramienta de intimidación y censura.
La exigencia de las familias de periodistas no sólo apunta a los crímenes sin resolver. También advierte sobre nuevas formas de presión contra la prensa. En un país donde casi todos los asesinatos de periodistas siguen sin castigo, organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que ahora también crecen los riesgos de criminalización y persecución judicial contra quienes investigan, cuestionan o exhiben abusos del poder.
Por eso, mientras los nombres de periodistas asesinados quedaron grabados en un antimonumento en la capital del país, en San Luis Potosí continúa una discusión que preocupa dentro y fuera de México: si la lucha ya no es sólo contra la violencia que mata periodistas, sino también contra las leyes que podrían intentar silenciarlos.
