Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados de los cuerpos de seguridad estatal bloquearon este martes los accesos de la Oficialía Mayor y las inmediaciones de la Avenida Universidad para exigir el cumplimiento de un incremento salarial del 2.2 por ciento que, aseguran, fue acordado desde el año pasado y debía aplicarse de manera retroactiva, pero sigue sin reflejarse en sus percepciones.
La protesta ocurre en medio de una creciente molestia por los constantes retrasos y promesas incumplidas por parte de las autoridades. Adriana Moya, presidenta de la organización, acusó que la fecha límite para concretar el ajuste salarial venció el pasado 20 de mayo sin que existiera una respuesta favorable para los más de siete mil trabajadores activos, jubilados y pensionados que resultarían beneficiados.
La dirigente rechazó además la versión oficial de que los elementos de la Guardia Civil Estatal ya recibieron un incremento del 20 por ciento. Aclaró que se trata únicamente de un bono de fortalecimiento al salario y no de un aumento directo al sueldo, por lo que el ajuste salarial anual continúa pendiente.
Los manifestantes recordaron que desde abril existe una minuta firmada por funcionarios de Oficialía Mayor en la que se comprometían a realizar las gestiones necesarias para liberar el pago; sin embargo, aseguran que hasta ahora sólo han recibido promesas.
Impidieron el ingreso de personal a las oficinas, aunque permitieron la salida de quienes ya se encontraban dentro del inmueble. Además, lanzaron una advertencia al Gobierno del Estado: si no hay una solución inmediata, las movilizaciones podrían escalar. “Aquí vamos a permanecer. Si es necesario, vamos a cerrar carreteras”, advirtió Moya, al tiempo que pidió la intervención directa del gobernador para destrabar el conflicto.
