La presión ciudadana finalmente llegó a los tribunales y ahora al Congreso del Estado. Luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinara que existe una omisión legislativa en torno a la llamada Ley Santi, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Roberto García Castillo, confirmó que el próximo martes analizarán la resolución que obliga al Poder Legislativo a dictaminar la iniciativa en un plazo máximo de tres meses.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la lucha de colectivos de movilidad que durante más de un año han denunciado la falta de avances en una propuesta considerada clave para reducir los siniestros viales y garantizar una movilidad más segura en San Luis Potosí. “Tenemos que resolver este tema”, afirmó García Castillo, quien aseguró que el Congreso acatará la sentencia y revisará la ruta jurídica para cumplir con la orden emitida por el Tribunal.
La resolución deriva de un juicio promovido por activistas y organizaciones ciudadanas, quienes argumentaron que mantener congelada la iniciativa presentada desde marzo de 2024 vulneró su derecho a participar en la creación de leyes. El TEE les dio la razón y ordenó al Congreso continuar el procedimiento legislativo y emitir un dictamen, aunque sin obligar a que la propuesta sea aprobada.
La Ley Santi fue impulsada por colectivos como Derechos Urbanos y Pedaleando SLP tras el siniestro vial sufrido por el activista y ciclista Roberto Josué Rodríguez Santiago, convirtiéndose en un símbolo de la exigencia de calles más seguras para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
La iniciativa plantea medidas como límites de velocidad más estrictos, infraestructura vial segura, accesibilidad universal, fortalecimiento del transporte público y protocolos de atención a víctimas de siniestros viales. Sin embargo, pese a foros, mesas de trabajo, exhortos y movilizaciones ciudadanas, la propuesta permaneció sin dictaminar durante más de un año.
La resolución llega apenas meses después de que colectivos realizaran una “anticelebración” en el Congreso del Estado para denunciar tres años de retraso en la armonización de la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En aquella protesta, activistas partieron un pastel en el recinto legislativo para exhibir lo que calificaron como tres años de omisiones que han impedido avanzar en políticas de movilidad y seguridad vial, mientras San Luis Potosí continúa registrando una alta tasa de muertes por siniestros de tránsito.
Al ser cuestionado sobre la necesidad de que los colectivos acudieran a los tribunales para destrabar el proceso, García Castillo sostuvo que varios proyectos se encuentran detenidos debido a las consultas obligatorias a personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Según explicó, el Congreso trabaja actualmente en la definición de protocolos para estas consultas, un tema que ha frenado diversas iniciativas legislativas. “Ya definimos el protocolo para lo que está deteniendo varias iniciativas que requieren consultas. Es por eso que ya estamos en ese tema de darle agilidad”, señaló.
El legislador adelantó que también se revisará la actuación de las comisiones responsables y la posibilidad de volver a integrar a los colectivos impulsores de la Ley Santi en las mesas de trabajo.
Con la sentencia del Tribunal ya emitida, el Congreso enfrenta ahora una cuenta regresiva de tres meses para emitir un dictamen sobre una iniciativa que se ha convertido en uno de los principales reclamos ciudadanos en materia de movilidad. Para los colectivos, la resolución representa una victoria jurídica, pero también un recordatorio de que la discusión de la Ley Santi solo avanzó después de que un tribunal confirmara lo que durante meses denunciaron: que el Congreso había dejado la iniciativa en el congelador.
