La polémica por las reformas penales aprobadas en San Luis Potosí y las recientes detenciones de comunicadores continúa escalando. Ahora, el Grupo Ciudadano de Trabajo (GCT), integrado por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de 19 organizaciones civiles, emitió un pronunciamiento en el que advierte sobre un posible uso del aparato estatal que podría afectar el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
El posicionamiento surge semanas después de la aplicación de la llamada “Ley Serrano”, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, legislación que derivó en las primeras detenciones por presuntos delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial y la manipulación de identidad digital.
Además, ocurre en medio de cuestionamientos de organismos como ARTICLE 19, Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta última promotora de una acción de inconstitucionalidad que actualmente revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Alertan sobre un efecto inhibidor
En su pronunciamiento, el Grupo Ciudadano de Trabajo señala que las recientes detenciones, órdenes de aprehensión e investigaciones contra comunicadores y activistas no deben analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto más amplio relacionado con reformas penales que han generado preocupación entre especialistas y organismos defensores de derechos humanos.
Las organizaciones sostienen que la utilización de herramientas penales contra personas dedicadas a informar o documentar problemáticas sociales puede generar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión. “El uso del aparato punitivo del Estado para detener a personas comunicadoras genera una censura previa de facto y desincentiva la legítima defensa de los derechos humanos y la libre expresión”, señala el documento.
No sólo preocupa la Ley Serrano
El grupo también expresó inquietud por el Decreto 0525, mediante el cual se incorporó al Código Penal del Estado el capítulo relacionado con los llamados “Mensajes Intimidatorios”. Aunque la legislación contempla excepciones para actividades periodísticas, académicas y manifestaciones sociales, las organizaciones consideran que algunos conceptos contenidos en la norma podrían prestarse a interpretaciones amplias por parte de las autoridades.
Asimismo, recordaron que desde 2025 diversos especialistas habían advertido riesgos similares en las reformas sobre inteligencia artificial y halconeo digital aprobadas por el Congreso local.
Cuestionan al mecanismo de protección
Otro de los señalamientos se dirige al funcionamiento del Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con el Grupo Ciudadano de Trabajo, desde marzo pasado se habían documentado deficiencias en su operación, entre ellas falta de información pública, ausencia de canales claros para solicitar protección y cuestionamientos sobre la integración de la representación ciudadana.
Las organizaciones consideran que estas fallas resultan especialmente preocupantes en un contexto donde periodistas y activistas han denunciado sentirse vulnerables ante posibles actos de intimidación o criminalización.
Piden observación nacional e internacional.
El pronunciamiento solicita el seguimiento de organismos nacionales e internacionales especializados en derechos humanos y libertad de expresión para monitorear lo que ocurre en San Luis Potosí. La petición incluye revisar las recientes detenciones, observar la aplicación de las nuevas figuras penales y garantizar que cualquier actuación de las autoridades se realice con pleno respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales.
La postura del Grupo Ciudadano de Trabajo se suma a una serie de cuestionamientos que han surgido desde la aprobación de las reformas sobre inteligencia artificial. Lo que inició como una discusión sobre regulación tecnológica se ha convertido en un debate más amplio sobre los límites del poder punitivo del Estado, la libertad de expresión y las garantías para periodistas, activistas y ciudadanos que participan en asuntos de interés público.
Mientras tanto, San Luis Potosí continúa bajo observación de organismos defensores de derechos humanos y libertad de prensa, en espera de que los tribunales y las autoridades definan el alcance real de unas reformas que siguen generando controversia dentro y fuera del estado.
