El gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó este jueves a la presidenta del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, una iniciativa para derogar la llamada Ley Serrano, la reforma que penaliza el uso indebido de inteligencia artificial y que durante los últimos meses provocó fuertes críticas de periodistas, organizaciones civiles, especialistas y organismos defensores de derechos humanos.
Aunque el mandatario anunció la derogación de la norma, la decisión no depende del Poder Ejecutivo, sino del Congreso del Estado, que deberá analizar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa presentada para dejar sin efectos la legislación vigente.
La reforma, impulsada en 2025 por el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés, fue aprobada en un proceso legislativo acelerado y posteriormente quedó en el centro de la polémica al derivar en investigaciones, órdenes de aprehensión y procesos penales contra periodistas y comunicadores, además de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la discusión no termina con la propuesta de derogación.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo contempla también la creación de un Padrón Estatal de Medios, planteamiento que ya comenzó a generar inquietud entre integrantes del gremio periodístico, quienes consideran que cualquier mecanismo de registro deberá garantizar plenamente la libertad de expresión, la independencia editorial y evitar que pueda utilizarse como una forma de control o clasificación de medios de comunicación.
De acuerdo con lo expresado por el gobernador, la intención es establecer reglas para identificar a quienes generan contenidos informativos y combatir los llamados «portales fake», además de fortalecer el derecho de réplica.
Con la entrega formal de la propuesta, ahora será el Congreso del Estado el encargado de definir el futuro de la Ley Serrano. La iniciativa del Ejecutivo se sumará a las ya presentadas por la diputada de Morena Gabriela López Torres, así como a las impulsadas por periodistas y organizaciones civiles, todas encaminadas a modificar o eliminar los artículos que han sido cuestionados por su posible impacto en la libertad de expresión.
