Apenas tres meses después de aprobar el delito de «mensajes intimidatorios», el Congreso del Estado de San Luis Potosí ya analiza modificar nuevamente una reforma penal impulsada por la propia Legislatura, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que la redacción vulnera la seguridad jurídica y podría afectar la libertad de expresión.
La revisión ocurre en un contexto en el que el Congreso también inició el proceso para derogar la llamada «Ley Serrano», otra reforma penal que terminó bajo fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por su impacto en periodistas y el uso de inteligencia artificial.
En esta ocasión, el recurso de la CNDH impugna el inciso b del artículo 170 Ter del Código Penal, que sanciona los mensajes considerados «idóneos para generar un estado real de temor colectivo o alteración del orden público».
Para el organismo nacional, la norma fue redactada con conceptos demasiado amplios e imprecisos. «La norma controvertida no es clara, precisa ni exacta respecto de la conducta reprochable», señala la acción de inconstitucionalidad. La CNDH advierte que expresiones como «temor colectivo» o «alteración del orden público» carecen de parámetros objetivos, lo que podría permitir interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades y terminar afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, autora de la iniciativa y presidenta de la Comisión Primera de Justicia, reconoció que el Congreso ya analiza los argumentos de la CNDH y no descartó modificar la legislación incluso antes de que la Suprema Corte emita una sentencia. «Aquí lo importante es proteger el bien jurídico que motivó la iniciativa, pero también revisar aquello que pudiera ser perfectible», sostuvo.
La legisladora insistió en que la intención original siempre fue combatir la colocación y difusión de las llamadas narcomantas, utilizadas por grupos criminales para intimidar a la población y a las autoridades.
El coordinador de la bancada del PVEM, Héctor Serrano Cortés, confirmó que el área jurídica del Congreso ya trabaja en posibles modificaciones para evitar que la controversia llegue hasta una resolución definitiva de la Suprema Corte. «Hay una valoración que se está haciendo por parte del jurídico del Congreso para modificar y no tener la necesidad ni siquiera de llegar a una interpretación de la Corte», declaró. Sin embargo, rechazó que la acción de inconstitucionalidad evidencie errores en la elaboración de la ley.
Según Serrano, las impugnaciones forman parte del control constitucional y no significan necesariamente que una reforma haya sido mal diseñada. No obstante, el propio legislador reconoció que el Congreso cuenta con un cuerpo técnico y jurídico cuya función precisamente es revisar que las iniciativas respeten la Constitución antes de ser aprobadas.
La impugnación llega mientras el Congreso aún enfrenta la polémica por la Ley Serrano, cuya derogación ya fue propuesta por el Ejecutivo después de meses de críticas por parte de periodistas, organizaciones civiles, especialistas y la propia CNDH.
Aunque los legisladores sostienen que ambas normas nacieron con el objetivo de proteger bienes jurídicos relevantes, los cuestionamientos coinciden en un mismo punto: la utilización de conceptos amplios que podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales y afectar derechos fundamentales. Esa será precisamente la discusión que, de no concretarse una modificación previa, terminará resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
