La iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para derogar la llamada Ley Serrano plantea eliminar del Código Penal los delitos relacionados con el «uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social» y abrir un nuevo proceso para construir una regulación distinta. El documento, de más de 30 páginas, no sólo propone desaparecer los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter, sino que también justifica por qué el Estado considera necesario replantear una legislación que durante meses provocó críticas de periodistas, especialistas, organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales.
La propuesta llega mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra esa reforma, utilizada para iniciar procesos penales que derivaron en detenciones de periodistas y creadores de contenido.
Los puntos que fortalecen la iniciativa
Uno de los principales cambios de enfoque consiste en que el Ejecutivo reconoce que la inteligencia artificial sí requiere regulación, pero sostiene que ésta debe construirse mediante un proceso más amplio y técnicamente sustentado.
El documento plantea que una nueva legislación deberá elaborarse con la participación de universidades, especialistas, periodistas, sectores productivos y sociedad civil, además de basarse en evidencia científica y derecho comparado.
También reconoce que la regulación deberá respetar principios constitucionales como:
* la libertad de expresión;
* el derecho a la información;
* la seguridad jurídica;
* la proporcionalidad;
* la mínima intervención del derecho penal;
* la protección de datos personales;
* la dignidad humana.
La iniciativa además admite que la experiencia obtenida tras la entrada en vigor de la reforma aportó nuevos elementos que no podían conocerse durante su aprobación, por lo que considera válido replantear el modelo normativo.
Otro aspecto relevante es que el Ejecutivo evita defender la permanencia de los delitos cuestionados y opta por proponer su eliminación completa para iniciar una discusión desde cero.
Los puntos que dejan interrogantes
Aunque el documento propone derogar la reforma, no reconoce expresamente los efectos que tuvo durante su vigencia, periodo en el que la ley fue utilizada para integrar carpetas de investigación, emitir órdenes de aprehensión y detener a personas acusadas con base en esos artículos.
La exposición de motivos insiste en que el Decreto 0314 respondió a una «preocupación legítima» del Estado y evita calificar la legislación como un error, al señalar que la experiencia simplemente aportó nuevos elementos para valorar una regulación distinta.
La iniciativa tampoco aborda qué ocurrirá con quienes enfrentaron procesos penales derivados de la Ley Serrano, ni plantea mecanismos para reparar posibles afectaciones ocasionadas durante su aplicación.
Otro de los puntos que permanece abierto es el contenido de la futura regulación. Aunque el Ejecutivo habla de un proceso plural y democrático, el documento no incorpora un anteproyecto alternativo, sino únicamente la derogación de los delitos vigentes y el compromiso de iniciar una nueva deliberación.
Un cambio de postura
La iniciativa representa un giro respecto a la posición sostenida por el Gobierno del Estado durante los últimos meses, cuando defendió la constitucionalidad de la reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés.
Ahora, el propio Ejecutivo sostiene que la evolución tecnológica, la deliberación pública y la experiencia derivada de la aplicación de la ley justifican abrir una nueva etapa legislativa. «No parte de la premisa de que la decisión legislativa originalmente adoptada haya sido errónea», señala el documento, aunque reconoce que existen «mejores condiciones para perfeccionar el marco jurídico».
Aunque el gobernador presentó la iniciativa, la derogación aún no es un hecho. Corresponderá al Congreso del Estado discutir, modificar y votar la propuesta. Mientras tanto, continúa pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que definirá si la Ley Serrano era o no compatible con la Constitución, un fallo que podría marcar criterios nacionales sobre los límites entre la regulación de la inteligencia artificial y la protección de la libertad de expresión.
