
La inconformidad del sector transportista escaló este miércoles en San Luis Potosí. Integrantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) bloquearon parcialmente la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí-Matehuala, para sumarse a una movilización nacional que se replicó en los 32 estados del país y que tiene como principal objetivo frenar las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales que, aseguran, criminalizan a quienes distribuyen agua mediante pipas.
La protesta fue encabezada por el consejero nacional de AMOTAC, Raúl Torres Mendoza, quien acusó que meses de negociaciones con autoridades federales terminaron sin resultados concretos, detonando la jornada de manifestaciones.
Según explicó, el rompimiento definitivo ocurrió tras tres días consecutivos de reuniones en la Ciudad de México entre representantes del gremio y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde no se logró concretar un acuerdo sobre las demandas del sector. “Trabajamos durante seis meses en mesas de diálogo, acudimos varias veces a la Ciudad de México, participamos en foros y reuniones con legisladores, pero simplemente fuimos ignorados”, reclamó el dirigente.

El principal reclamo de los transportistas se centra en el artículo 123 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, el cual, afirman, contempla sanciones penales para quienes transporten agua sin cumplir ciertos requisitos administrativos. De acuerdo con AMOTAC, la disposición podría castigar con prisión actividades relacionadas con el traslado de agua, pese a que los operadores no realizan la extracción del recurso y únicamente lo distribuyen hacia comunidades, hogares, empresas y zonas rurales que no cuentan con infraestructura suficiente para recibir el servicio.
Los transportistas sostienen que millones de familias mexicanas dependen diariamente de las pipas para abastecerse de agua potable, por lo que cualquier restricción a esta actividad podría derivar en un problema social de gran magnitud.
“No extraemos agua de presas ni pozos; solamente la llevamos a donde el gobierno no ha podido garantizar el servicio”, señalaron durante la movilización. Además del tema hídrico, la organización reiteró sus exigencias para reforzar la seguridad en las carreteras del país, particularmente en estados como Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, donde los robos al autotransporte continúan siendo una de las principales amenazas para el sector.
En San Luis Potosí, aunque la incidencia es menor, los transportistas denunciaron robos frecuentes de acero, materiales industriales y chatarra destinados al mercado negro. Por ello, demandan una mayor presencia de la Guardia Nacional en las vías federales y mecanismos efectivos para combatir la delincuencia que afecta tanto a operadores como a usuarios de las carreteras.
Como parte de la protesta, decenas de camiones cisterna avanzaron en caravana por la carretera a Matehuala y posteriormente se dirigieron hacia el Distribuidor Juárez y la carretera 50 rumbo a la zona industrial.
La movilización se desarrolló de manera pacífica mientras dirigentes nacionales mantenían nuevas negociaciones con funcionarios federales, entre ellos representantes de Gobernación, Conagua y autoridades de seguridad.
AMOTAC advirtió que no busca únicamente promesas verbales, sino un documento oficial que otorgue certeza jurídica a los operadores y evite que autoridades estatales y municipales aprovechen vacíos legales para extorsionar a los transportistas.
Los dirigentes señalaron que las movilizaciones continuarán mientras no exista una garantía formal que respalde los acuerdos alcanzados con el Gobierno Federal.
Aunque por ahora mantienen abiertas las vías de diálogo, dejaron claro que, de no obtener respuestas concretas, el movimiento podría endurecer sus acciones en las próximas semanas. “La lucha no es solo por los transportistas; es por millones de familias que dependen de una pipa para tener agua en sus hogares”, concluyeron.




