La protesta ciudadana que tomó este martes las instalaciones del Congreso del Estado ya provocó sus primeras reacciones políticas. Tras las manifestaciones de periodistas, activistas, taxistas y diversos colectivos contra la denominada Ley Serrano, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que prepara una nueva propuesta legislativa para regular la inteligencia artificial en San Luis Potosí.
Sin embargo, el coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, evitó comprometerse con la derogación inmediata de los artículos actualmente vigentes, pese a que organizaciones civiles, periodistas, Artículo 19 y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han advertido que representan riesgos para la libertad de expresión.
Luego de la movilización que reunió a cientos de personas en el recinto legislativo, Guajardo recordó que el PAN votó en contra de la reforma impulsada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, al considerar que fue aprobada sin suficiente análisis y con un enfoque excesivamente punitivo. «No queremos parches ni cosas al vapor. Vamos a presentar una propuesta seria y basada en experiencias internacionales», señaló. La postura surge mientras aumenta la presión social para que el Congreso derogue los artículos cuestionados de la reforma que castiga el uso indebido de inteligencia artificial y que ya ha sido utilizada en procesos penales contra comunicadoras y creadores de contenido en San Luis Potosí.
En medio de la controversia, la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, aseguró que la Fiscalía cuenta con tecnología y personal especializado para determinar cuándo una imagen o video ha sido manipulado mediante inteligencia artificial.
La funcionaria afirmó que el Área de Inteligencia realiza análisis periciales especializados para este tipo de investigaciones, aunque reconoció que se trata de procedimientos técnicamente complejos. Sus declaraciones llegan mientras continúan los cuestionamientos sobre la aplicación de la llamada Ley Serrano y la falta de claridad en algunos de los casos que han derivado en investigaciones y detenciones.
Quien volvió a lanzar críticas directas contra la reforma fue el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien aseguró que la Ley Serrano ha colocado a San Luis Potosí en el centro de una polémica nacional e internacional. «Tenemos casi dos meses en medios nacionales e internacionales porque San Luis, desafortunadamente, es un mal ejemplo nacional e internacional de regulación de la libertad de expresión», declaró.
El alcalde insistió en que nadie debería terminar en prisión por el uso de herramientas de inteligencia artificial y consideró que aún falta mucho trabajo para construir una regulación adecuada. Además, rechazó los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y del diputado Héctor Serrano, quienes sugirieron que detrás de la protesta existían intereses políticos vinculados al gobierno municipal.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo evitó pronunciarse sobre las exigencias planteadas por los manifestantes y redujo la movilización a una disputa política. «No me voy a meter en grilla», respondió al ser cuestionado sobre la protesta. Sin embargo, añadió que las movilizaciones le parecían «marchas muy municipalizadas, por no decir otra cosa», insinuando la existencia de intereses políticos detrás de las manifestaciones.
La declaración contrastó con las demandas expresadas por periodistas, ciudadanos, habitantes de comunidades, taxistas y colectivos que acudieron al Congreso para exigir la derogación de la Ley Serrano y la atención de diversos conflictos sociales.
