La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica condenó las declaraciones realizadas por el diputado local Héctor Serrano Cortés contra la periodista Margarita Zacarías, al considerar que constituyen un acto de intimidación y deslegitimación del ejercicio periodístico en un contexto donde la criminalización de comunicadores en San Luis Potosí «se ha recrudecido de forma alarmante» tras la aprobación de la llamada Ley Serrano.
En un posicionamiento difundido este 11 de julio, la organización manifestó su preocupación por los hechos ocurridos durante la manifestación del pasado 23 de junio en el Congreso del Estado, cuando la reportera de CRM Noticias cuestionó al legislador sobre la ambigua definición de quién puede ser considerado periodista dentro de la reforma que adicionó el artículo 187 Ter al Código Penal.
Según recordó ARTICLE 19, Serrano respondió que «para ser periodista hay que estar acreditado», además de cuestionar si la comunicadora contaba con estudios formales para ejercer la profesión. Posteriormente la descalificó al asegurar que la consideraba «una activista política» y no una periodista.
La organización advirtió que, además de desacreditar públicamente el trabajo de la reportera, el diputado dejó entrever que quienes lo critican podrían enfrentar consecuencias legales. «Resulta particularmente grave la ligereza con la que un servidor público formula este tipo de advertencias veladas, en un contexto donde la criminalización y persecución de periodistas potosinos se ha recrudecido de forma alarmante», señala el comunicado.
ARTICLE 19 recordó que, aunque posteriormente Serrano aclaró: «No se preocupe, no hay ninguna demanda para usted», ello no elimina el efecto intimidatorio de sus declaraciones, pues provienen de un funcionario público en un estado donde ya existen procesos penales abiertos contra periodistas.
«La reforma abrió la puerta a la persecución»
La organización internacional sostuvo que este episodio forma parte de una serie de hechos documentados desde la entrada en vigor de la Ley Serrano, impulsada por el propio Héctor Serrano Cortés.
En ese sentido recordó que al menos tres personas fueron detenidas y otras ocho enfrentan órdenes de aprehensión por presuntos delitos relacionados con dicha reforma. «El uso de normas penales amplias y técnicamente imprecisas genera un riesgo elevado de persecución contra periodistas y comunicadores», advirtió.
Asimismo, enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido criterios claros sobre quién puede ser considerado periodista.
«La definición de periodista debe ser amplia y basada en la función social, no limitada a un estudio o identificación», cita el posicionamiento.
Añadió que «la libertad de expresión y el derecho a la información son condiciones mínimas y necesarias de cualquier Estado democrático», por lo que sin periodistas que puedan cuestionar al poder «se erosiona la capacidad de la ciudadanía de exigir cuentas a sus autoridades».
Incluso alertó que este tipo de descalificaciones desde el poder generan un efecto inhibidor para todo el gremio. «Los señalamientos y descalificaciones desde el poder público no son un asunto menor; generan un efecto amedrentador que puede disuadir a otras y otros periodistas de dar cobertura crítica a temas de interés público», subrayó.
Piden frenar las intimidaciones y revisar la Ley Serrano
En su posicionamiento, ARTICLE 19 hizo un llamado directo al diputado Héctor Serrano Cortés para que «se abstenga de cualquier acto futuro de intimidación o descalificación contra la prensa», al recordar que «ningún servidor público debe utilizar su investidura para intimidar, amedrentar o deslegitimar a quienes ejercen el periodismo de manera crítica».
También exhortó al Congreso del Estado a garantizar condiciones seguras y de respeto para el ejercicio periodístico dentro y fuera del recinto legislativo, además de atender «acorde a su propia normativa la iniciativa ciudadana presentada para derogar la Ley Serrano».
De igual forma pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos dar seguimiento puntual a las agresiones contra periodistas y llamó al Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a actuar «de manera proactiva para prevenir que continúen los actos de criminalización y amenazas contra los periodistas en el estado», así como implementar medidas de prevención y protección.
El pronunciamiento se suma a la creciente presión nacional e internacional contra la Ley Serrano, una reforma actualmente impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que ha colocado a San Luis Potosí en el centro del debate sobre libertad de expresión, inteligencia artificial y criminalización del ejercicio periodístico.
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