El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó nuevamente que el Ayuntamiento esté realizando despidos masivos y aseguró que los millonarios recursos destinados al pago de laudos laborales corresponden, en su mayoría, a conflictos iniciados durante administraciones anteriores.

Luego de que recientemente circularan versiones sobre supuestas bajas injustificadas de trabajadores municipales, el presidente municipal afirmó que dichas publicaciones carecen de sustento. «Se ha difundido información sin documentos ni pruebas. No existe un programa de despidos masivos en el Ayuntamiento», sostuvo.

Explicó que los procedimientos laborales que actualmente enfrenta el municipio son parte de un rezago acumulado desde hace varios años, incluso de más de una década, por lo que la administración ha optado por cumplir con las resoluciones judiciales y evitar que los litigios continúen generando mayores costos para las finanzas públicas.

Sus declaraciones se dan después de que información de la Plataforma Estatal de Transparencia, difundida por la organización Ciudadanos Observando, revelara que entre enero y mayo de 2026 el Ayuntamiento erogó 12 millones 222 mil 386 pesos para cubrir laudos laborales.

Los registros muestran que enero inició con pagos por 2.3 millones de pesos, seguido de 1.76 millones en febrero y 1.57 millones en marzo. Sin embargo, el mayor incremento se presentó en abril y mayo, cuando el municipio desembolsó 2.92 millones y 3.66 millones de pesos, respectivamente, concentrando cerca del 54 por ciento del total ejercido durante los primeros cinco meses del año.

De acuerdo con la información pública, una parte importante de esos recursos se destinó a cumplir resoluciones derivadas de expedientes iniciados en 2015, 2016, 2018, 2021, 2022 y 2023, varios de ellos con convenios de pago en parcialidades que seguirán representando compromisos financieros para la administración municipal.

El alcalde reiteró que la política del Ayuntamiento es atender estos casos conforme a derecho, respetando los derechos de los trabajadores y evitando prolongar innecesariamente los juicios laborales.

Asimismo, señaló que cualquier nuevo conflicto entre trabajadores y el gobierno municipal será resuelto por las instancias jurisdiccionales competentes, insistiendo en que no existe una estrategia de recorte de personal como se ha señalado en algunos espacios informativos.

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El Observatorio Indígena Mesoamericano aseguró que el acuerdo del Cabildo para negar permisos a Pemex fue resultado de la movilización de las comunidades y no de una decisión espontánea del gobierno municipal.

El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) afirmó que, aunque el rechazo del Ayuntamiento de Tanlajás a cualquier autorización para Petróleos Mexicanos (Pemex) representa un avance en la defensa del territorio, no puede pasarse por alto que el alcalde Humberto Lucero Magaña previamente descalificó a quienes alertaban sobre los riesgos del fracking.

Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del OIM, sostuvo que el cambio de postura del edil obedeció a la presión de las comunidades indígenas, regidores y organizaciones sociales, luego de que el Cabildo aprobara por unanimidad negar cualquier permiso relacionado con el uso de explosivos o posibles proyectos de fracturación hidráulica. «Prefirió sumarse a la oposición al fracking antes que enfrentar el rechazo de las comunidades», señaló el activista.

El Observatorio acusó además que Lucero Magaña estigmatizó a defensores del territorio al vincularlos con intereses políticos, lo que, aseguró, incrementa el riesgo para quienes encabezan la defensa ambiental y contraviene obligaciones de protección establecidas en el Acuerdo de Escazú y otros instrumentos de derechos humanos.

La organización también recordó que Tanlajás cuenta desde 2018 con una reserva ecológica comunitaria inscrita en el Registro Público de la Propiedad, la cual consideró un respaldo jurídico adicional para impedir proyectos extractivos en el municipio.

Las declaraciones se dan después de que Tanlajás se convirtiera en el primer municipio de la Huasteca Potosina en rechazar mediante un acuerdo de Cabildo cualquier autorización para Pemex, en medio de la controversia por los oficios enviados a varios ayuntamientos para el uso de explosivos, que también han sido confirmados por San Antonio y Tamuín.

Ante este escenario, el OIM anunció una reunión con autoridades indígenas para reforzar la estrategia de defensa del territorio y vigilar que el Ayuntamiento mantenga el rechazo expresado por las comunidades frente a cualquier intento de introducir el fracking en la región.

Con información de Astrolabio Diario Digital

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• A casi seis meses de haber asumido funciones, el Mecanismo Estatal de Protección no ha sostenido una presentación formal con periodistas, pese al contexto de agresiones y a las críticas nacionales e internacionales por la Ley Serrano.

La recién instalada Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado comenzó sus trabajos con la promesa de impulsar reformas, mesas de diálogo y acciones para fortalecer la protección del gremio. Sin embargo, el arranque dejó una nueva interrogante: la ruta de trabajo fue elaborada en coordinación con el Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una instancia que desde el inicio de su nueva administración permanece prácticamente ausente ante el propio gremio periodístico.

La presidenta de la comisión, Dolores Robles Chairez, confirmó que el plan de trabajo fue diseñado directamente con el mecanismo estatal y aseguró que se trata de una estrategia institucional enfocada en las atribuciones legislativas. «Tenemos una organización y un objetivo que van a conocer. Es una planeación que se trabaja directamente con el mecanismo de protección también… somos un tema totalmente institucional y legislativo. Es un planteamiento perfectible y podemos tener ese diálogo conforme vayamos dando seguimiento», declaró.

Entre las acciones anunciadas destacan la realización de capacitaciones permanentes, foros de análisis, mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio Mecanismo de Protección, además de impulsar reformas en materia de ciberseguridad, protección digital y combate a la violencia contra periodistas.

Un mecanismo que sigue sin acercarse al gremio

El anuncio ocurre en un contexto en el que el Mecanismo Estatal de Protección, cuya nueva integración debió iniciar funciones en febrero, aún no ha sido presentado oficialmente ante periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Desde entonces, su actividad pública ha sido mínima y se ha limitado prácticamente a la emisión de un comunicado institucional, mientras el estado ha enfrentado una escalada de cuestionamientos por la criminalización de periodistas derivada de la llamada Ley Serrano, caso que incluso motivó pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales como Artículo 19 y la incorporación de comunicadores al Mecanismo Federal de Protección.

La propia coordinadora del mecanismo estatal, Verónica Onofre Serment, informó que actualmente mantienen entre 80 y 100 expedientes abiertos, de los cuales entre 14 y 20 corresponden a personas incorporadas al mecanismo federal, mientras que alrededor de 20 periodistas cuentan con medidas de protección o cautelares en San Luis Potosí. La mayoría de los casos corresponden a amenazas contra periodistas de la zona metropolitana y la región Media.

También explicó que cuando las denuncias involucran a alguna autoridad integrante del propio mecanismo estatal, el expediente debe canalizarse al mecanismo federal para preservar la imparcialidad.

El gremio exige resultados, no simulación

Durante la instalación de la comisión, periodistas cuestionaron que el órgano haya surgido como reacción a la presión social y no como una política preventiva del Congreso. El periodista Pepe Alemán pidió que el nuevo órgano no se convierta en un espacio de simulación y propuso condicionar la asignación de publicidad oficial a empresas periodísticas que garanticen seguridad social para sus trabajadores, además de crear un fideicomiso de apoyo para comunicadores que enfrenten enfermedades o emergencias.

Por su parte, el periodista Ignacio Acosta denunció que el propio Mecanismo Estatal de Protección no respondió a una solicitud de medidas precautorias que presentó tras denunciar presuntas intimidaciones por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal, por lo que solicitó exhortar a esa instancia para que cumpla con sus responsabilidades.

Asimismo, periodistas exigieron avances en investigaciones por agresiones contra comunicadores, la designación de un enlace especializado en la Fiscalía General del Estado y una ruta de trabajo con metas y plazos claros para evitar que la comisión se limite únicamente a sostener reuniones.

Promesas legislativas

En respuesta, la secretaria de la comisión, Sara Rocha Medina, anunció que impulsará una iniciativa para garantizar seguridad social y derechos laborales para periodistas, además de promover un exhorto dirigido a empresas de comunicación para que inscriban a sus trabajadores al sistema de seguridad social.

La instalación de la comisión ocurre apenas unos días después de que el Congreso concluyera el periodo ordinario dejando pendientes las iniciativas para modificar o derogar la Ley Serrano, legislación que mantiene abierta una discusión nacional sobre libertad de expresión y regulación de la inteligencia artificial. Mientras tanto, el principal órgano estatal encargado de proteger a periodistas continúa sin un acercamiento formal con el sector al que debe atender.

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• Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, iniciaron mesas de trabajo con personal de seguridad y custodia para analizar la viabilidad financiera de un ajuste a sus percepciones.

Con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener una política de puertas abiertas y atención institucional al personal del servicio público, el Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, encabezó una reunión con representantes del personal de seguridad y custodia penitenciaria, para iniciar el análisis de su solicitud de incremento salarial.

Durante el encuentro, el funcionario escuchó los planteamientos de la comisión representante, cuyos integrantes expusieron las necesidades laborales y los argumentos técnicos que sustentan la petición de una mejora en sus percepciones.

Noé Lara Enríquez informó que la Oficialía Mayor realizará las proyecciones financieras y los análisis presupuestales correspondientes, con el objetivo de determinar la viabilidad de la propuesta de manera responsable y conforme a la disponibilidad de recursos públicos.

El funcionario señaló que este proceso se desarrollará mediante el diálogo, la revisión técnica y la comunicación permanente entre las partes, para atender las inquietudes del personal de custodia penitenciaria y mantener un manejo ordenado de las finanzas estatales.

La Oficialía Mayor reiteró que el Gobierno del Estado mantiene una política laboral sensible, responsable y cercana, orientada a reconocer el trabajo de las y los servidores públicos que desempeñan funciones prioritarias para la seguridad y el orden institucional.

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• Autoridades municipales fortalecen vigilancia, protocolos de atención y coordinación interinstitucional para salvaguardar a la población.

Ante el incremento en el nivel de almacenamiento de la presa San José, que actualmente supera el 85 por ciento de su capacidad, el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez fortaleció su estrategia preventiva al participar en una reunión interinstitucional encabezada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, con la presencia de autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Estatal del Agua (CEA), INTERAPAS y municipios de la zona metropolitana, donde se definieron los protocolos de actuación ante un posible desfogue controlado hacia el Río Santiago.

Por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales, federales y municipales para anticipar cualquier escenario derivado de las lluvias; a esta reunión también acudieron el director general de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Víctor Aristarco Serna Piña, y el titular de Seguridad Vial y Movilidad, Miguel Ángel Hernández Hernández.

Debido a que el Río Santiago atraviesa una de las principales vialidades de la zona metropolitana y conduce el agua hacia comunidades como Palma de la Cruz, La Tinaja y otros sectores del municipio, se acordó fortalecer la comunicación entre dependencias mediante un canal interinstitucional de respuesta inmediata, que permitirá informar oportunamente sobre desfogues de la presa San José, cierres preventivos, condiciones del cauce y acciones de protección a la población.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia informó que el municipio iniciará recorridos de supervisión en todo el cauce del Río Santiago hasta la presa La Cardona para identificar riesgos y retirar posibles obstrucciones, a fin de reducir el riesgo de afectaciones para las familias que habitan en comunidades cercanas al cauce.

«Estamos trabajando de manera preventiva para estar preparados antes de cualquier contingencia, la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz es actuar con rapidez, mantener informada a la ciudadanía y brindar todo el apoyo necesario para proteger a las familias de Soledad», afirmó.

Como parte de esta estrategia también se fortalecerá el equipamiento operativo con más motobombas autorizadas por el Gobierno Municipal, además de gestionar unidades vactor y mantener listos los protocolos para la habilitación de albergues en caso de ser necesario. Asimismo, se estableció un canal de comunicación interinstitucional que permitirá conocer de inmediato cualquier decisión relacionada con el desfogue de presas y responder de forma coordinada.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cerca de las familias, privilegiando la prevención, la atención oportuna y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad de la población, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

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• El Instituto Municipal de la Juventud informa el cambio de fecha de esta actividad Spooky Pride, que une deporte, cultura y leyendas locales, e invita a la población a sumarse en un ambiente de inclusión, respeto y sana convivencia.

• Se partirá de la Plaza principal, con un recorrido en Cabecera municipal y llegada al Panteón Municipal número 1.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, informa a la población que la rodada nocturna «Spooky Pride» cambia de fecha y se realizará el próximo domingo 12 de julio, a las 19:00 horas, por lo que reitera la invitación para que jóvenes, familias y ciudadanía en general participen en esta experiencia que forma parte de las actividades del Orgullo LGBTTTIQ+, en donde chicos y grandes están invitados a participar y vivir una experiencia única.

Por instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal continúa impulsando espacios de participación que fortalecen la inclusión, el respeto y la convivencia entre las y los soledenses, mediante actividades que promueven el reconocimiento de la diversidad y mantienen la cercanía con la población, reflejando el cambio que transforma y el compromiso de un gobierno que escucha y atiende a todos los sectores sociales.

La rodada partirá de la Plaza Principal de Soledad a las 19:00 horas, recorrerá diversas calles de la Cabecera municipal puntos hasta llegar al Panteón Municipal Uno, donde Beto Cabrera y Toño García compartirán las leyendas que forman parte de la historia e identidad de Soledad, así como videos paranormales para posteriormente regresar al punto de salida; la actividad forma parte del programa «Recorrido Paranormal», que acerca el patrimonio histórico y las tradiciones locales mediante una experiencia recreativa, cultural y de sana convivencia.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Jesús Ferrer Torres, informó que, con el propósito de facilitar la participación de más personas, se cambió este evento al domingo 12 de julio, para sumar a más personas, entre adolescentes, jóvenes y adultos. «Queremos que nadie se quede fuera de esta experiencia por no tener bicicleta, siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de acercar actividades para todas y todos, estaremos facilitando unidades para que más jóvenes y familias puedan sumarse y disfrutar de esta rodada en un ambiente de respeto, inclusión y convivencia», expresó.

Asimismo, recordó que las primeras 200 personas inscritas recibirán un boleto para el canje de una playera conmemorativa del evento; para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 444 222 0766.

Esta actividad busca concientizar sobre el respeto, la tolerancia y la inclusión de la comunidad LGBTTTIQ+, mediante el compromiso de generar actividades que fortalezcan el tejido social, impulsen la participación ciudadana y acerquen oportunidades recreativas y culturales a todas y todos los soledenses.

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A más de tres semanas de la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso, la investigación interna contra los policías municipales involucrados sigue sin concluir. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital confirmó que el expediente continúa en análisis, mientras los agentes permanecen fuera de labores operativas, pero aún forman parte de la corporación.

El titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el procedimiento avanza a partir de la queja formal presentada por la activista ante Asuntos Internos, instancia que analiza si existieron irregularidades durante la intervención que generó una fuerte condena de organizaciones civiles, colectivos y organismos defensores de derechos humanos. «Se sigue en el proceso de investigación. La parte afectada presentó una queja ante Asuntos Internos y estamos desahogando en razón de lo que ella manifiesta y en razón del derecho de defensa que tienen los elementos», declaró el secretario.

Explicó que actualmente se revisan tanto las pruebas y señalamientos presentados por Celia García como los argumentos de defensa de los policías involucrados, con el propósito de determinar si su actuación se ajustó a los protocolos y al marco legal. Hasta el momento, la corporación no ha informado cuándo concluirá la investigación ni si existen indicios para imponer sanciones administrativas o disciplinarias a los elementos.

Este caso cobró relevancia luego de que el pasado 15 de junio la abogada fuera detenida por policías municipales cuando intentaba conocer las razones por las que un joven era asegurado tras salir de un retiro espiritual. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento de la detención, lo que provocó una amplia reacción de colectivos defensores de derechos humanos y del gremio jurídico, quienes denunciaron un posible abuso de autoridad.

En días posteriores, la propia Celia García presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Asuntos Internos, mientras el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el gobierno municipal no encubrirá a ningún elemento y confirmó que los policías señalados fueron retirados temporalmente de funciones operativas, aunque permanecen adscritos a la corporación en actividades administrativas mientras concluyen las investigaciones.

Paralelamente, el Ayuntamiento anunció la revisión y actualización de los protocolos de actuación policial y nuevas capacitaciones para los elementos de seguridad, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Sin embargo, a más de tres semanas del incidente, las investigaciones siguen abiertas y aún no existe una resolución sobre la actuación de los oficiales involucrados.

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El alcalde buscará asesoría antes de responder a la paraestatal y advierte que no tomará una decisión sin conocer el impacto ambiental. En el Congreso, Morena anticipa que no respaldará proyectos ligados al fracking si se confirman.

El Ayuntamiento de Tamuín confirmó que recibió un oficio de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionado con el almacenamiento y utilización de explosivos para actividades de exploración, convirtiéndose en el segundo municipio que reconoce públicamente haber recibido este tipo de documentos, después de San Antonio.

El alcalde Marcelino Bautista Rincón informó que el oficio ya llegó al municipio, aunque aún no ha revisado su contenido a detalle, por lo que buscará asesoría del Congreso del Estado y de autoridades estatales antes de emitir cualquier respuesta. «Están mandando muchos oficios precisamente de Pemex para ver el tema petrolero, pero es algo que puede hacer mucho daño a la ecología. No queremos tomar una decisión equivocada por desconocimiento», declaró.

El edil reconoció que, por la información que ha conocido, la fractura hidráulica o fracking podría representar riesgos para los mantos acuíferos y el medio ambiente de la Huasteca, aunque insistió en que primero deberá conocer el alcance del proyecto y sustentar cualquier decisión en criterios técnicos y jurídicos.

La confirmación de Tamuín fortalece las alertas lanzadas por el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), organización que denunció que Pemex comenzó a enviar oficios a distintos ayuntamientos de la región para mantener vigente un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionado con el uso de explosivos en actividades de exploración de hidrocarburos. Además de San Antonio y Tamuín, el Gobierno del Estado ha reconocido que existen gestiones similares en municipios como Ébano, Matlapa y Tampamolón Corona, aunque hasta ahora ninguno de ellos ha confirmado oficialmente haber recibido la documentación.

En el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión del Agua, la diputada de Morena Nancy Jeanine García Martínez, informó que ya recibió copia de algunos de los oficios y adelantó que revisará su contenido antes de fijar una postura definitiva. Sin embargo, señaló que, de comprobarse que los trámites están relacionados con proyectos de fracturación hidráulica, «no aprobamos» que estas actividades se desarrollen en la Huasteca.

La legisladora anunció que participará en el próximo foro regional contra el fracking para reunirse con comunidades indígenas y organizaciones sociales, al tiempo que reconoció que hasta el momento no existe información oficial del Gobierno Federal que confirme la autorización de proyectos de exploración mediante esta técnica en San Luis Potosí. Mientras tanto, comunidades tének y náhuatl, así como organizaciones ambientalistas, mantienen la exigencia de que cualquier proyecto sea sometido a una consulta previa, libre e informada y han advertido que continuarán con movilizaciones y acciones legales para impedir la llegada del fracking a la Huasteca Potosina.

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El periódico Reporte Índigo publicó una investigación en la que revela la existencia de denuncias presentadas ante autoridades federales contra el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, a quien se identifica como presunto líder de una organización que habría utilizado una red de empresas para lavar dinero, defraudar al fisco y comercializar ilícitamente hidrocarburos y productos petroquímicos.

De acuerdo con el medio nacional, la investigación en curso está respaldada por «cientos de comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros» y sostiene que la presunta red habría operado mediante empresas fachada y prestanombres para ocultar el origen de los productos comercializados, obteniendo beneficios que superarían los mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024.

Reporte Índigo también señala que las denuncias amplían los señalamientos previamente conocidos contra Sánchez Zumaya, quien recientemente buscó contender por la gubernatura de San Luis Potosí. El medio recuerda que su registro fue rechazado por Morena y posteriormente recibió el respaldo del Partido del Trabajo (PT).

Según la publicación, el expediente refiere que la presunta operación se desarrollaba desde diversas instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas las terminales marítimas de Dos Bocas y Salina Cruz, además de los complejos Cantarell, Lázaro Cárdenas e Independencia, donde presuntamente se realizaban movimientos «sin que existiera registro de ingreso o salida ni contratos» que justificaran la permanencia de los involucrados.

Asimismo, la investigación indica que entre 2022 y 2024 el grupo habría emitido más de 15 mil millones de pesos en facturas, aunque, de acuerdo con la denuncia citada por el medio, quienes las emitían «no contaban con infraestructura industrial, patrimonio o capacidad económica» para desarrollar esas actividades. También se mencionan casos de personas jóvenes que habrían facturado miles de millones de pesos con gastos mínimos reportados ante la autoridad fiscal. Entre las empresas mencionadas en el expediente se encuentran Petrogesa, Bangesa, Químicos Industriales Sazu, Edjora, Industrias Gesa del Sureste y Safnat, las cuales, según Reporte Índigo, formaban parte de un esquema de facturación entre compañías con el propósito de dificultar el rastreo del dinero.

Hasta el momento, no existe información pública sobre una resolución judicial respecto de estas denuncias. La información difundida por Reporte Índigo corresponde a una investigación en curso y los señalamientos deberán ser determinados por las autoridades competentes, por lo que las personas involucradas gozan de la presunción de inocencia.

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La incertidumbre sobre quién ocupará la curul que dejó temporalmente Carlos Arreola Mallol en el Congreso del Estado está por terminar. La presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, confirmó que esta semana será definitiva para que el delegado estatal de Banobras, Armando Navarro Tapia, informe formalmente si asumirá o no la diputación suplente de Morena; de no hacerlo, el Congreso iniciará el procedimiento para convocar al siguiente perfil de la lista plurinominal.

Rocha Medina explicó que Navarro Tapia ya fue notificado para rendir protesta, pero hasta ahora no ha aceptado el cargo.

«Vamos a hacerle otro llamado y esperamos que para la siguiente sesión ya tengamos respuesta. Si reconfirma que no tomará protesta, procederemos a llamar al siguiente en la prelación. Tendría que resolverse esta semana», señaló.

El delegado de Banobras compareció ante el Congreso para explicar que no está renunciando a la suplencia, sino que actualmente no puede asumirla porque ocupa un cargo dentro del Gobierno de México. «Estoy desempeñando un encargo federal, lo que me imposibilita tomar protesta. No es una renuncia», afirmó, al señalar que la decisión fue consultada con oficinas centrales del Gobierno Federal y con la dirigencia de Morena.

El caso deriva de la licencia solicitada por Carlos Arreola Mallol para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027. En días recientes, el propio legislador había señalado que aún no existía una negativa oficial de su suplente y que el procedimiento debía agotarse conforme a la ley. Si Armando Navarro formaliza su rechazo durante los próximos días, el Congreso deberá llamar al siguiente perfil de la lista de representación proporcional de Morena para cubrir la curul, con lo que finalmente quedaría resuelta una vacante que ha permanecido abierta desde la salida temporal de Arreola Mallol.

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