Luego de denunciar públicamente las detonaciones con explosivos que, aseguran, han provocado daños en viviendas, afectaciones a la fauna y el temor entre la población, el Comité de Defensa del Ejido Cerro Gordo presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para exigir una inspección y la suspensión de las actividades.
La denuncia señala como presuntos responsables a la empresa Hoganza S.A. de C.V., a Marco Antonio Jiménez Oviedo, Aurelio Cadena y a integrantes del Comisariado Ejidal, a quienes acusan de permitir la remoción ilegal de vegetación y el uso de explosivos para la extracción de material pétreo en el cerro.
Los habitantes sostienen que las detonaciones, iniciadas el pasado 22 de julio, provocaron vibraciones que cimbraron el poblado, cuarteaduras en viviendas, lanzamiento de rocas y la huida de diversas especies silvestres que habitan la zona, además de la remoción de cactáceas y otras plantas nativas sin acciones de protección ambiental.
De acuerdo con el documento presentado ante Profepa, la empresa obtuvo previamente la autorización de la Segam mediante el Manifiesto de Impacto Ambiental IA.MIA-042/2026 para regularizar un banco de material tipo riolita que abastecería obras relacionadas con el Libramiento Oriente, proyecto que desde hace años ha sido señalado por habitantes como parte de la presión para urbanizar y transformar el ejido.
Los inconformes también cuestionaron la actuación de las autoridades ambientales al considerar que los permisos fueron otorgados sin valorar de manera integral los impactos ecológicos y sociales que tendría la explotación del cerro, del que depende parte del equilibrio ambiental de la comunidad.
Además, acusaron que la representación ejidal respaldó el proyecto mediante una asamblea que califican como «controlada», donde se avaló la venta de parcelas al pie del cerro. Incluso señalaron presuntas irregularidades en la adquisición de esos terrenos, al afirmar que nunca se notificó el derecho del tanto a los ejidatarios. Respecto a los permisos otorgados por la Sedena para el uso de explosivos, los pobladores cuestionaron si realmente se evaluaron los riesgos para la población antes de autorizar las detonaciones.
Por su parte, el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito respaldó la denuncia y recordó que la comunidad ha frenado en varias ocasiones intentos por destruir el Cerro Gordo, en 1985, 2000 y 2017. Aseguró que actualmente la zona afectada por la deforestación y la apertura de caminos supera el polígono autorizado, por lo que consideró que existen elementos suficientes para que Profepa realice una inspección y, en su caso, decrete la clausura de las obras.
Mientras tanto, los habitantes reiteraron que continuarán con las acciones legales y sociales para impedir que el cerro, considerado un símbolo de identidad para la comunidad, sea convertido en un banco de material para proyectos carreteros y de desarrollo inmobiliario.
con información de Astrolabio Diario digital
