Por Magui Zacarías
En una marcha pacífica que cerró parcialmente el Distribuidor Juárez, un grupo de familias de personas privadas de la libertad (PPL) en el Centro de Reinserción Social de La Pila exigieron soluciones a las violaciones de derechos humanos que sufren sus familiares.
Las denuncias incluyeron falta de alimento, agresiones físicas, violencia psicológica, violaciones sexuales y muerte. Señalaron que al menos cinco presos fueron víctimas de homicidio durante y después del motín del 14 de marzo.
A pesar de las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no hay claridad sobre estos hechos, por lo que temen por la vida de sus seres queridos, quienes argumentan que aunque cometieron errores, han pagado ante la ley.
Por ello se dirigieron a Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que ponga fin al maltrato en La Pila, «sabemos que están amenazados y amedrentados; tienen desde el domingo sin comer. El Gobierno del Estado maneja otra historia de los hechos y no lo vamos a permitir», aseguran.
Las demandas fueron claras: mejor organización dentro del penal, custodios con perfiles idóneos, mayor vigilancia, un consejo de derechos humanos y el derecho fundamental de ver y asegurarse del bienestar de sus familiares.
El pasado 14 de marzo, un motín en el Cereso de La Pila dejó un saldo de cinco muertos y varios heridos. Las autoridades estatales aseguraron que el motín se originó por un intento de fuga, pero las familias de los reos sostienen que fue una riña entre grupos rivales.
Las familias de los reos denunciaron que las autoridades estatales no les han proporcionado información clara sobre lo que ocurrió durante el motín e indicaron que tampoco les han permitido ver a sus familiares para velar por su estado de salud.
