El Gobierno de San Luis Potosí reconoció que la llamada Ley Serrano podría sufrir cambios una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que ninguna legislación es definitiva y que todas deben ajustarse a las nuevas realidades sociales y jurídicas, por lo que dejó abierta la puerta a posibles modificaciones a la polémica reforma sobre el uso de inteligencia artificial. “La normatividad siempre va sufriendo modificaciones; hasta la más perfecta se debe ajustar a las nuevas realidades”, declaró. La reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, recientemente derivó en la detención de las comunicadoras Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, quienes posteriormente obtuvieron su libertad mediante una suspensión condicional del proceso.
El funcionario confirmó que la administración estatal se mantiene atenta a la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025, presentada por la CNDH, mediante la cual se cuestiona la constitucionalidad de diversos artículos incorporados al Código Penal para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial. Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión han advertido que la legislación podría convertirse en una herramienta de censura y criminalización contra periodistas, comunicadores y voces críticas.
Incluso el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, se pronunció recientemente contra la aplicación de la norma al señalar que las dos comunicadoras “nunca debieron haber estado detenidas” y que la cárcel no debe utilizarse para resolver casos relacionados con contenidos digitales.
Aunque Torres Sánchez evitó pronunciarse sobre el fondo de las críticas, sí reconoció que el futuro de la reforma dependerá en gran medida de lo que determine la Suprema Corte.
