A poco más de dos semanas de que su detención desatara una fuerte polémica nacional sobre libertad de expresión y el uso de la llamada «Ley Serrano», Eréndira “N” y Alejandra “N” recuperaron su libertad, aunque el proceso penal en su contra no ha concluido.
La Fiscalía General del Estado informó que ambas obtuvieron su libertad durante una audiencia celebrada el pasado 5 de junio, luego de que un Juez de Control autorizara una suspensión condicional del proceso, una salida alterna contemplada en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La medida fue aprobada después de que las imputadas presentaran un plan de reparación del daño y aceptaran una serie de condiciones que deberán cumplir durante un año.
Entre las obligaciones impuestas por la autoridad judicial se encuentra residir en un domicilio determinado y acudir mensualmente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares, además de otras condiciones establecidas dentro del acuerdo judicial.
La Fiscalía precisó que la libertad otorgada no representa el cierre definitivo del caso, ya que el incumplimiento de cualquiera de las medidas podría provocar la revocación del beneficio y la reactivación del procedimiento penal ordinario.
El caso adquirió relevancia nacional debido a que las detenciones ocurrieron bajo figuras penales relacionadas con la manipulación de identidad digital, incorporadas al Código Penal tras la aprobación de las reformas impulsadas por el diputado Héctor Serrano Cortés, conocidas públicamente como la «Ley Serrano».
Desde entonces, organizaciones como ARTICLE 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas manifestaron preocupación por la utilización de estas disposiciones contra comunicadores y administradores de páginas informativas, al advertir posibles riesgos para la libertad de expresión.
La controversia escaló al grado de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la reforma, actualmente bajo análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, el Congreso del Estado ha anunciado foros para revisar el alcance de la legislación sobre inteligencia artificial, luego de las críticas de organismos defensores de derechos humanos, periodistas y especialistas.
