Más de 140 zonas relacionadas con fosas clandestinas y posibles sitios de exterminio han sido identificadas por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí, pero al menos 25 permanecerían sin un procesamiento adecuado, de acuerdo con el registro y seguimiento que realizan las propias familias buscadoras.
La denuncia fue hecha por Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, quien advirtió que el problema no se limita al número de personas desaparecidas: también existe una crisis en la capacidad institucional para investigar, procesar hallazgos y dar respuestas a las familias. Pérez Rodríguez explicó que la cifra de más de 140 sitios se integra a partir de información oficial, reportes y trabajo de campo realizado por el colectivo. De ese universo, 25 puntos, aseguró, continúan pendientes de un procesamiento que permita analizar correctamente los restos e indicios localizados.
Uno de los casos señalados se encuentra en Tamasopo, donde hace aproximadamente dos años fueron localizados indicios durante trabajos de búsqueda realizados por la Comisión Estatal de Búsqueda y madres buscadoras. Según la activista, el procesamiento del sitio permaneció detenido hasta que las familias insistieron ante las autoridades de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
La preocupación de las familias aumenta por las condiciones en las que han sido encontrados algunos restos. Pérez Rodríguez señaló que en distintos puntos se han localizado fragmentos óseos, restos humanos, prendas y evidencias asociadas con cuerpos calcinados o sometidos a sustancias corrosivas. En algunas zonas del Altiplano, relató, los restos presentan un estado de deterioro que dificulta incluso su recuperación y posterior identificación. Para el colectivo, cada hallazgo que no se procesa de manera oportuna representa una oportunidad perdida para determinar la identidad de una persona desaparecida y avanzar en una investigación.
A la problemática forense se suma, según las familias, la falta de recursos para realizar búsquedas. Pérez Rodríguez denunció carencias de agentes de investigación, vehículos y combustible, particularmente fuera de la capital. En las mesas de trabajo de Rioverde y Ciudad Valles, afirmó, existen casos que podrían estar relacionados por patrones de desaparición y violencia, pero las investigaciones enfrentan obstáculos por falta de personal y capacidad operativa. “No hay policías de investigación, no hay vehículos”, señaló.
La activista sostuvo que en algunas ocasiones los agentes tienen que trasladarse en vehículos de la Comisión Estatal de Búsqueda debido a la falta de unidades propias o de combustible. El colectivo también alertó sobre las agresiones que enfrentan algunas familias después de denunciar una desaparición y comenzar a buscar.
Pérez Rodríguez aseguró que han documentado casos de amenazas, hostigamiento, vigilancia e incluso desplazamiento de familias, situaciones que, según explicó, pueden provocar que las víctimas abandonen sus lugares de origen o dejen de hacer pública la búsqueda. Incluso mencionó casos en los que, de acuerdo con los testimonios recibidos por el colectivo, viviendas habrían sido incendiadas como una forma de intimidación. Estas circunstancias, advirtió, podrían provocar un subregistro de desapariciones, debido a que algunas familias optan por no denunciar por temor a represalias.
Voz y Dignidad sostiene que tiene identificadas más de mil 500 personas desaparecidas con ficha de búsqueda y denuncia activa ante distintas instituciones. Sin embargo, Pérez Rodríguez estimó que podrían existir más casos que no llegan a las autoridades. La cifra corresponde al registro construido por el propio colectivo y no debe interpretarse como una estadística oficial estatal.
Uno de los principales reclamos es fortalecer el análisis de contexto para determinar qué patrones existen detrás de las desapariciones y qué relación podrían tener distintos casos y territorios. La presidenta de Voz y Dignidad consideró insuficiente que cada desaparición sea investigada de manera aislada y señaló la necesidad de contar con personal especializado que pueda analizar los territorios, los indicios encontrados y las posibles conexiones entre casos. El objetivo, sostuvo, debe ser avanzar no solamente en la localización de personas, sino también en la investigación de las circunstancias que permitieron su desaparición.
La denuncia ocurre mientras avanza en el Congreso del Estado la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, una demanda que los colectivos han colocado en el centro de sus movilizaciones. La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión Primera de Justicia y contempla inicialmente 4 millones de pesos para su implementación.
