La absolución del exsecretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, continúa generando reacciones entre las autoridades estatales. Mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona evitó emitir una postura sobre la resolución judicial, el Poder Judicial descartó que exista la obligación de indemnizarlo o emitir una disculpa pública, y la Fiscalía General del Estado anunció que revisará el expediente para definir los pasos a seguir.

Luego de que la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia revocara la condena de cinco años y tres meses de prisión y ordenara la libertad inmediata del exfuncionario, Gallardo sostuvo que corresponde a los tribunales resolver este tipo de asuntos. «La Corte hace sus estudios y hay que respetar lo que diga», declaró el mandatario, aunque aprovechó para reiterar que durante el sexenio anterior existieron presuntas irregularidades y un «saqueo masivo» dentro de la Secretaría de Salud.

Por su parte, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, afirmó que la legislación no contempla una indemnización automática ni una disculpa pública para una persona que obtiene un amparo y posteriormente es absuelta. Explicó que la resolución favorable a Lutzow derivó de diferencias en la interpretación jurídica entre la justicia estatal y la federal, y aseguró que el amparo concedido no implica necesariamente que los hechos investigados nunca ocurrieron, sino que existieron errores en el procedimiento y en la aplicación de la norma.

En tanto, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, informó que aún no han sido notificados oficialmente de la sentencia absolutoria, por lo que revisarán la resolución para determinar cómo continuará la investigación relacionada con la presunta compra irregular de plaguicida para el combate al dengue.

La defensa de Lutzow adelantó que analiza posibles acciones legales por los más de tres años que el exsecretario permaneció privado de su libertad. Con ello, aunque la causa penal por la que fue condenado quedó sin efectos, las repercusiones jurídicas y políticas del caso todavía continúan.