Más de un centenar de familias tének y nahuas continúan fuera de sus hogares pese a que un Tribunal Federal ordenó su regreso inmediato; la comunidad ya promovió un recurso para exigir que se ejecute la resolución.
A pesar de que un Tribunal Federal ordenó la restitución inmediata de las tierras y viviendas de las familias indígenas desalojadas del predio La Peña, en la comunidad de Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, la orden judicial continúa sin cumplirse, por lo que los afectados promovieron un apercibimiento para exigir que las autoridades acaten la resolución.
La suspensión provisional con efectos restitutorios fue concedida dentro del Recurso de Queja 195/2026, derivado del juicio de amparo que promovieron las familias tének y nahuas tras el desalojo ocurrido semanas atrás. La resolución establece que los habitantes deben ser devueltos de manera inmediata a sus viviendas y parcelas, mientras se resuelve de fondo el litigio.
Sin embargo, el secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Pedro González Gómez, denunció que, pese a que la determinación judicial fue emitida desde el pasado 25 de junio, la Unidad de Investigación y Litigación de Tampamolón Corona, a través del Ministerio Público adscrito, no ha ejecutado la diligencia ordenada por el juez.
El dirigente explicó que la comunidad indígena llevaba más de 30 años en posesión pacífica del predio La Peña, por lo que la suspensión busca restablecer las condiciones existentes antes del operativo de desalojo, en el que los habitantes denunciaron daños a viviendas, pertenencias y patrimonio familiar. De acuerdo con la resolución, corresponde al Ministerio Público de Tampamolón Corona encabezar la diligencia de restitución, levantar un acta circunstanciada de todas las actuaciones y remitirla al Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en Ciudad Valles, como prueba del cumplimiento, además de garantizar en todo momento la seguridad de las personas afectadas.
Ante la falta de ejecución, el abogado de la comunidad promovió un nuevo recurso para solicitar que la sentencia cause ejecutoria y obligar a las autoridades a acelerar la devolución del predio y de las viviendas destruidas durante el operativo.
La resolución judicial también ordena la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) de Tancanhuitz, para que designen intérpretes en las lenguas tének, náhuatl y maya, garantizando que las personas afectadas comprendan plenamente las diligencias y puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
El conflicto involucra a cerca de un centenar de familias indígenas que permanecen desplazadas tras el desalojo del predio La Peña, uno de los casos agrarios y de derechos humanos que ha generado mayor atención en la región Huasteca. Mientras el juicio de amparo sigue su curso, la orden del Tribunal Federal permanece vigente y obliga a las autoridades ministeriales a restituir de inmediato la posesión del terreno y las viviendas a sus ocupantes originales. La comunidad advirtió que continuará utilizando todos los recursos legales disponibles hasta que la resolución judicial sea cumplida en su totalidad y las familias puedan regresar a sus hogares.
