Denuncian restricciones de acceso, denuncias penales y presuntas omisiones dentro del organismo. Exigen que sus casos sean incluidos en la comparecencia de la ombudsperson del próximo 23 de noviembre. La jornada también evidenció diferencias entre Marichuy y el colectivo Vozes, que mantiene tomada la sede de la Comisión.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) enfrenta nuevos cuestionamientos, pero esta vez no solamente por parte de los colectivos que exigen la salida de su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, sino también de víctimas que acusan presuntos abusos y obstáculos dentro de la institución que debería protegerlas.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de este martes 17 de noviembre, María de Jesús Almendárez Prieto, Marichuy, y Silvia Castillo, madre de Alan Francisco, víctima de homicidio en 2019, exigieron que sus casos sean incluidos en los cuestionamientos a la ombudsperson durante su comparecencia del próximo lunes 23 de noviembre. Ambas aseguran que enfrentan restricciones para acercarse a las instalaciones de la CEDH y dificultades para recibir atención, pese a que continúan buscando justicia y protección institucional.

Almendárez Prieto informó que desde el 11 de noviembre solicitó formalmente al diputado Marco Antonio Gama Basarte y a la legisladora Leticia Vázquez Hernández que durante la comparecencia se esclarezcan tres asuntos: una denuncia penal que, asegura, presentó en su contra Giovanna Argüelles por presunta discriminación; las medidas de restricción que le impiden acercarse a la Comisión, y la falta de actuación institucional ante un incidente que atribuye a la primera visitadora, Begoña Castillo Martínez. Sobre esta última funcionaria, denunció que presuntamente le envió una imagen de contenido sexual que consideró revictimizante, especialmente por sus antecedentes como víctima de abuso y acoso sexual.

Marichuy rechazó las acusaciones en su contra y cuestionó que, después de años de buscar protección, ahora tenga que enfrentar obstáculos en el propio organismo. “No se vale que hasta el 23 quieran hacer la comparecencia, cuando yo tengo dos años sin derechos humanos”, reclamó. También advirtió que las medidas de seguridad previstas para el encuentro legislativo no deben impedir que las víctimas ejerzan su derecho a escuchar y presenciar la comparecencia.

Por su parte, Silvia Castillo pidió que Giovanna Argüelles explique las restricciones que, según denunció, enfrenta por una denuncia presentada por la primera visitadora Begoña Castillo. Aseguró que estas medidas le impiden acercarse a las instalaciones de la CEDH, bajo la advertencia de una posible intervención de la Guardia Civil Estatal.

La madre de Alan Francisco afirmó que ha presentado numerosas solicitudes sin recibir la atención que considera necesaria y que estas disposiciones representan otro obstáculo en su búsqueda de justicia por el homicidio de su hijo. Señaló que cuenta con reconocimiento como víctima a nivel estatal y federal, pero considera que la institución no ha respondido adecuadamente a sus necesidades de protección y acompañamiento.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte confirmó que la comparecencia de la presidenta de la CEDH se realizará el próximo lunes 23 de noviembre en la sede legislativa de Vallejo, aunque el horario todavía está pendiente. Entre los temas que los legisladores prevén abordar están las exigencias de quienes mantienen tomada la Comisión, particularmente la destitución de Argüelles y la revisión de expedientes, incluidos aquellos relacionados con pueblos y comunidades indígenas.