El incendio registrado en la empresa Polímeros Nacionales en la Zona Industrial de San Luis Potosí evidenció deficiencias estructurales en el control ambiental, la supervisión industrial y la capacidad de monitoreo de la calidad del aire en la capital.
Aunque la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) informó que la calidad del aire se mantuvo en niveles de “bueno a moderado”, mediciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reportaron concentraciones de ozono de hasta 0.49 partes por millón, es decir, cinco veces por encima del límite permitido por la norma oficial, clasificadas como “extremadamente mala”.
Especialistas señalaron que este indicador no refleja la totalidad del riesgo, ya que el incendio de materiales plásticos pudo haber liberado partículas finas y múltiples compuestos químicos no cuantificados, con posibles efectos en la salud y el ambiente que aún se mantienen bajo análisis.

El seguimiento técnico indica que la nube contaminante se dispersó inicialmente en la Zona Industrial, pero posteriormente se expandió hasta un radio de entre 6 y 8 kilómetros, alcanzando diversas colonias del sur de la ciudad antes de disiparse durante la mañana siguiente.
El caso también reveló irregularidades en la operación de la empresa, que de acuerdo con autoridades de Protección Civil, funcionaba sin permisos, sin medidas de seguridad y sin capacitación del personal, factores que incrementaron el riesgo del siniestro.
Investigadores advirtieron que este tipo de sitios está vinculado a la falta de estudios de riesgo ambiental, supervisión limitada y déficit de personal especializado en la materia. A esto se suma la carencia de infraestructura, ya que actualmente no existe una caseta de monitoreo en la Zona Industrial, considerada una de las áreas de mayor exposición.
En paralelo, el financiamiento para políticas ambientales enfrenta limitaciones. El impuesto estatal a emisiones, con una meta de 50 millones de pesos para 2026, ha recaudado menos de 3 millones en el primer trimestre, lo que representa aproximadamente el 6% de lo previsto. El incidente se suma a otros eventos recientes en la misma zona y reabre el debate sobre la eficacia de los mecanismos de prevención, vigilancia y respuesta ante contingencias ambientales en el principal corredor industrial del estado.



