La próxima derogación de la llamada Ley Serrano no sólo abriría la puerta para extinguir los procesos penales iniciados con esa reforma, sino también para que las personas que fueron investigadas, detenidas o procesadas puedan reclamar una reparación del daño, advirtió el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos.
El edil consideró que eliminar del Código Penal el delito que dio origen a las denuncias implica reconocer que la legislación vulneró derechos fundamentales y que sus consecuencias jurídicas deben revertirse. «Jurídicamente debe disolverse el delito y las personas sujetas a ese proceso deben quedar totalmente exentas de la responsabilidad penal, porque ese es el efecto: ya no existe la ley, no existe el tipo penal», afirmó.
Galindo sostuvo que ese beneficio no sólo alcanzaría a quienes permanecen sujetos a investigación, sino también a quienes fueron privados de la libertad o enfrentaron procesos derivados de la reforma. «Las víctimas tienen derecho a que se les separen esos juicios y claro que podrían demandar algún tipo de resarcimiento», señaló.
El alcalde afirmó que la decisión del Gobierno del Estado de impulsar la derogación representa, en los hechos, un reconocimiento de que quienes combatieron la llamada Ley Serrano desde su aprobación tenían razón. «Esta batalla política y jurídica la ganó la historia. Fue muy costoso debatir sobre inteligencia artificial teniendo a tres personas en la cárcel», expresó.
La reforma, impulsada en 2025 por el diputado Héctor Serrano Cortés, fue aprobada después de la difusión de videos elaborados con presunta inteligencia artificial que vinculaban al gobernador Ricardo Gallardo Cardona con grupos del crimen organizado. Posteriormente, la legislación fue utilizada para iniciar procesos penales contra periodistas, comunicadores y generadores de contenido, situación que generó cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión.
Galindo también consideró que el episodio deja una lección para el Congreso del Estado, al señalar que la mayoría legislativa aprobó una reforma que terminó bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora será eliminada por iniciativa del propio Ejecutivo. «Creo que aquí el Congreso es el que está dando la mala nota. Hay una mayoría que aprobó este tipo de legislaciones y dejó mal parado a San Luis Potosí», declaró.
Asimismo, lamentó que las propuestas presentadas por periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos para corregir la ley no fueran atendidas oportunamente. «Hay que hacerle más caso a los ciudadanos que a los propios gobernantes. En esta ley, aunque no los escucharon en su momento, hoy les están dando la razón», concluyó.
