El Observatorio Indígena Mesoamericano acusó al presidente de la Jucopo, José Roberto García Castillo, de desconocer los derechos indígenas y de desestimar el rechazo que las comunidades ya expresaron a proyectos de fracturación hidráulica.
La disputa por un posible avance de proyectos de fracking en la Huasteca Potosina sumó un nuevo capítulo. El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) lanzó fuertes críticas contra el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, José Roberto García Castillo, a quien acusó de minimizar la amenaza extractiva y desconocer el marco legal que protege a los pueblos indígenas.
La postura del Observatorio surge luego de que el diputado afirmara que ningún proyecto de fracturación hidráulica podrá desarrollarse en la Huasteca sin el consentimiento de las comunidades. Para Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del OIM, esas declaraciones generan una falsa sensación de seguridad cuando, aseguró, las asambleas comunitarias ya manifestaron formalmente su rechazo a cualquier proyecto de exploración o explotación mediante esta técnica. «El consentimiento ya fue negado por los pueblos indígenas; hablar de una futura consulta es extemporáneo cuando las comunidades ya ejercieron su derecho a decir no», sostuvo.
El activista afirmó que el Congreso del Estado mantiene una deuda con los pueblos originarios al no cumplir plenamente con la armonización de la legislación indígena, pese a resoluciones emitidas por tribunales, por lo que consideró que el legislador carece de autoridad moral para presentarse como garante de esos derechos.
Asimismo, acusó a diversos actores de Morena de minimizar las alertas sobre el fracking para proteger la imagen del Gobierno Federal, mientras —dijo— Pemex continúa realizando gestiones administrativas para mantener permisos relacionados con el uso de explosivos en municipios de la Huasteca.
Las declaraciones se dan en medio de la controversia por los oficios enviados por la paraestatal a distintos ayuntamientos para conservar permisos federales de material explosivo. Aunque Pemex sostiene que se trata únicamente de trámites administrativos y niega que exista un proyecto de fracking en San Luis Potosí, organizaciones indígenas consideran que esas acciones forman parte de los preparativos contemplados en el Plan Estratégico Pemex 2025-2035.
El Observatorio también cuestionó la creación de un comité científico para analizar la viabilidad de la fracturación hidráulica, al considerar que podría utilizarse para justificar la implementación de la técnica, y reiteró que cualquier intento de consulta posterior carecería de validez porque las comunidades indígenas ya expresaron su negativa mediante acuerdos de sus asambleas.
Finalmente, el OIM llamó al presidente de la Jucopo a informarse sobre el derecho constitucional e internacional en materia indígena y a colocar la defensa del territorio y los derechos humanos por encima de intereses políticos y partidistas.
