Tras la orden de un Tribunal Federal para restituir el predio a las familias indígenas, los habitantes endurecieron su postura y acusaron a la presidenta municipal de Tampamolón de encabezar un operativo que, aseguran, dejó a cerca de 100 familias sin hogar.
Después de que un Tribunal Federal ordenó la restitución inmediata de las tierras y viviendas ocupadas por las familias afectadas, tras el desalojo de la comunidad indígena La Peña, en Tampamolón Corona, los habitantes elevaron sus exigencias: ahora piden la destitución de la presidenta municipal, Silvia Medina Burgaña, así como investigaciones penales y sanciones contra los funcionarios y elementos de seguridad que participaron en el operativo del pasado 9 de junio.
Ciudadanos cuestionaron el actuar de las autoridades municipales, pese a que el Poder Judicial concedió una suspensión provisional con efectos restitutorios para devolver a las familias la posesión del predio mientras se resuelve el juicio de amparo, la comunidad ha denunciado que la orden judicial sigue sin cumplirse en su totalidad.
Durante un pronunciamiento público, las y los comuneros responsabilizaron directamente a la alcaldesa, así como a integrantes de su administración y mandos policiales, por el operativo que, sostienen, derivó en agresiones, destrucción de viviendas y el desplazamiento de decenas de familias indígenas. «Queremos cárcel para la señora Silvia Medina Burgaña, su secretaria, su síndica y los mandos que participaron en golpearnos», expresaron los habitantes, quienes exigieron que la Fiscalía investigue la actuación de todos los servidores públicos involucrados y determine las responsabilidades legales correspondientes.
Mientras el Ayuntamiento ha sostenido que el procedimiento únicamente involucró a dos familias asentadas en un predio de alrededor de 10 hectáreas, la comunidad asegura que el operativo afectó a cerca de 100 familias pertenecientes a los pueblos tének y nahua, establecidas desde hace más de 30 años en una extensión aproximada de 200 hectáreas. Los comuneros rechazaron de manera categórica la versión oficial y acusaron al gobierno municipal de intentar minimizar lo ocurrido. Insistieron en que La Peña es una comunidad indígena, no una colonia, y afirmaron que el desalojo vulneró derechos colectivos de un pueblo originario, además de provocar daños a viviendas, patrimonio y medios de subsistencia.
El caso ha cobrado mayor relevancia luego de que un Tribunal Federal determinó que las familias deben ser restituidas de inmediato en la posesión del predio mientras se resuelve el juicio de amparo, al considerar procedente la suspensión con efectos restitutorios. Sin embargo, los habitantes denuncian que las autoridades responsables de ejecutar esa resolución han retrasado su cumplimiento, por lo que promovieron nuevos recursos legales para obligar a que la orden judicial sea acatada.
