Arropada por cuidadoras provenientes de la capital, el Altiplano y la Zona Media, Mariana Noriega, representante de Cuidadoras Potosinas, rechazó de manera categórica las acusaciones difundidas en días recientes contra la organización y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio basada en información falsa que busca debilitar un movimiento que, afirmó, ha trabajado durante más de una década por el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras.
En conferencia de prensa, donde varias integrantes del colectivo respaldaron públicamente el posicionamiento, Noriega ejerció su derecho de réplica y negó cada uno de los señalamientos publicados entre el 24 y el 26 de junio, en los que exintegrantes denunciaron presuntos condicionamientos, cobros indebidos y manipulación al interior de la organización. «Rechazo categóricamente esta campaña de difamación. Carece de sustento, distorsiona la realidad y busca causar un grave perjuicio moral a nuestra causa y a mi persona», expresó.
La representante negó que las cuidadoras sean obligadas a participar en movilizaciones o actividades políticas y sostuvo que el colectivo siempre ha funcionado bajo principios de participación voluntaria, sin vínculos partidistas. Asimismo, calificó como falsas las versiones sobre presuntos cobros por trámites, certificados de discapacidad o gestiones de apoyos, al señalar que actualmente ni siquiera existe un programa económico dirigido específicamente a las personas cuidadoras en San Luis Potosí. «Hoy no existe un apoyo económico para las personas cuidadoras. Lo único que hemos logrado es el reconocimiento constitucional del derecho a cuidar y ser cuidadas en condiciones dignas. Apenas estamos construyendo ese camino», afirmó.
También rechazó como «totalmente inventada» la acusación de que integrantes de la organización hubieran reportado falsamente el fallecimiento de menores o personas con discapacidad para suspender apoyos gubernamentales. «Es inadmisible pensar que una organización cuya razón de ser es defender los derechos humanos pudiera actuar en contra de las mismas personas que protege», sostuvo.
Aunque dijo desconocer quién está detrás de las publicaciones, Noriega consideró que la difusión de estas acusaciones podría estar relacionada con la incomodidad que ha generado el trabajo realizado en torno al Sistema Municipal de Cuidados. Explicó que recientemente el colectivo promovió un amparo para obligar al Ayuntamiento de San Luis Potosí a realizar la consulta pública correspondiente antes de la implementación del sistema, luego de señalar retrasos en su desarrollo.
«Creemos que la molestia puede venir precisamente por la consolidación de esta lucha. Es algo que comenzó después de que se interpuso el amparo colectivo para que el Sistema Municipal de Cuidados realizara la consulta. Ahí podría estar el origen de esta situación», declaró. Añadió que la organización siempre ha privilegiado el trabajo colaborativo con autoridades, legisladores y organizaciones civiles, por lo que rechazó cualquier señalamiento de confrontación.
Durante el posicionamiento, las cuidadoras insistieron en que el movimiento nunca fue creado para beneficiar únicamente a quienes integran la organización, sino para impulsar derechos para todas las personas cuidadoras del estado, independientemente de que pertenezcan o no a un colectivo.
Recordaron que, gracias al trabajo legislativo realizado durante más de una década, San Luis Potosí logró aprobar la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado y que actualmente el Congreso del Estado analiza la iniciativa para crear la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, la cual contempla un padrón estatal, capacitación para personas cuidadoras, acceso a apoyos y la coordinación entre dependencias para implementar políticas públicas en la materia.
Finalmente, Noriega agradeció el respaldo de académicas, organizaciones civiles y cientos de cuidadoras que, dijo, han acompañado el movimiento durante los últimos 12 años. «Además de ser líderes, todas somos cuidadoras las 24 horas del día. Vivimos los mismos retos que cualquier familia y seguiremos trabajando para que los derechos de todas las personas cuidadoras sean una realidad», concluyó.
