El Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, informó la detención de varias personas, luego que se les cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de ejercicio ilícito de las funciones públicas y peculado, que habrían sido cometidos en agravio del erario público.
“Lo que se reclama son 200 millones de pesos con expectativa a que se incrementen a 700, de acuerdo a los datos que las investigaciones han arrojado”, resaltó Ruiz Contreras.
Estas cantidades las obtuvieron por medio de un contubernio que se habría establecido entre la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado, y una institución bancaria con el uso de documentos apócrifos, a través de exfuncionarios de la dependencia y personas particulares.
“Tenemos la trazabilidad donde Pensiones trasladó recurso de manera irregular a cuentas personales para incrementar el patrimonio de personas particulares”, aseveró el Fiscal General.
El recurso desviado era producto de las retenciones que se les hacían a los derechohabientes para el beneficio de préstamos hipotecarios, y facultaban a la instancia afectada para que se efectuara el manejo correspondiente a las empresas bancarias; sin embargo, los montos eran depositados a otras cuentas externas.
Asimismo, el funcionario procurador de justicia comentó: “la denuncia por estos hechos se inició en noviembre de 2023, por los ex directores de la dependencia, y al iniciar con las indagatorias se conoció que estas acciones se realizaron desde el 2020 hasta parte del 2023”.
Los detenidos fueron localizados en diversos domicilios de la capital potosina, mismos que responden a los nombres de Arturo “N”, Ricardo “N”, Ana Lilia “N”, Manuel “N”, Juana Patricia “N”, Ana Paola “N” y Neftalí “N”.
Estas personas fueron puestas a disposición de un Juez de control para el desarrollo de su proceso penal, y en días próximos se determinará su situación jurídica.
