La inteligencia artificial no puede convertirse en pretexto para limitar la libertad de expresión. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó el conversatorio realizado este miércoles en San Luis Potosí, con la participación de los especialistas Ernesto Villanueva y Manuel Granados Covarrubias.
El encuentro, organizado por el Congreso del Estado y encabezado por la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, puso sobre la mesa los retos jurídicos, periodísticos y sociales que plantea el avance de la inteligencia artificial, particularmente después de la polémica que provocó la llamada Ley Serrano.
Uno de los temas centrales fue precisamente el concepto de “alarma social”, utilizado en la legislación recientemente derogada. La discusión planteó una pregunta de fondo: ¿puede un concepto subjetivo convertirse en la base para castigar penalmente una expresión?
Granados Covarrubias advirtió que cualquier legislación debe respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y taxatividad, y sostuvo que en una democracia la libertad de expresión debe ser la regla y la restricción, la excepción. También planteó que el debate sobre inteligencia artificial requiere un marco jurídico mucho más amplio y coordinado, incluso a nivel federal, debido a que las nuevas tecnologías no se limitan a las fronteras de un estado.
Por su parte, Ernesto Villanueva abordó los desafíos que enfrenta el periodismo ante herramientas capaces de generar imágenes, audios y videos falsos, así como la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática y las capacidades de verificación de periodistas y audiencias. El especialista llamó a distinguir entre el uso de la tecnología y el contenido informativo, y destacó que el periodismo deberá desarrollar nuevas herramientas para verificar información en un entorno donde cada vez será más difícil distinguir entre lo real y lo generado artificialmente.
Uno de los puntos que atravesó la discusión fue precisamente cómo evitar que una legislación contra los abusos de la IA termine convirtiéndose en una herramienta de censura.
El encuentro también abordó parámetros internacionales, experiencias como la regulación europea y los retos que enfrenta México para construir reglas que protejan derechos sin frenar la innovación ni criminalizar el ejercicio periodístico.
Un detalle que no pasó desapercibido
El conversatorio ocurrió después de las críticas generadas por el hermetismo de su convocatoria. La actividad no había sido difundida públicamente por el Congreso en sus plataformas al momento de iniciar y se realizó en un recinto privado.
Además, de acuerdo con lo señalado durante el encuentro, el diputado Héctor Serrano Cortés fue quien convocó a los especialistas y participó en la organización; sin embargo, permaneció apenas unos minutos al inicio, salió de la sala y regresó hasta la sesión de preguntas.
Al finalizar las exposiciones se abrió un espacio para cuestionamientos de periodistas y asistentes. La propia Sara Rocha pidió que las intervenciones fueran preguntas y no “historietas”.
Más allá de la forma en que fue convocado, el contenido del encuentro volvió a colocar sobre la mesa una discusión que sigue abierta en San Luis Potosí:
¿Cómo regular los riesgos de la inteligencia artificial sin convertir al Estado en árbitro de lo que la sociedad puede decir, publicar o cuestionar?
Esa, después de la experiencia de la Ley Serrano, parece ser la pregunta que ya no puede responderse a puerta cerrada.
