
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. – La licenciada en psicología Mariana Hernández Noriega, titular del colectivo «Cuidadoras Potosinas», emitió un posicionamiento público para rechazar categóricamente una presunta campaña de difamación desplegada en medios digitales entre el 24 y el 26 de junio de 2026. En el ejercicio de su derecho constitucional de réplica, la activista calificó los señalamientos como falsos, dolosos y carentes de sustento.
A través de un comunicado emitido tras una rueda de prensa realizada el lunes 29 de junio de 2026, Hernández Noriega desmintió de forma contundente cuatro acusaciones específicas que han circulado en la opinión pública local:
- Coacción y condicionamiento político: Negó rotundamente que exista presión u obligación para que las madres del colectivo asistan a mítines o movilizaciones. Defendió que la organización se rige bajo el principio de participación voluntaria y que su incidencia legislativa —que derivó en la Ley Estatal de Protección a Personas Cuidadoras— se ha construido de manera plural con instituciones y académicos, sugiriendo que los ataques provienen de servidores públicos inconformes con sus exigencias sociales.
- Supuesta extorsión y cobros ilegales: Descartó de forma firme que se condicione el acceso al colectivo o a sus gestiones a cambio de cooperaciones económicas obligatorias. Precisó que la agrupación civil se enfoca con transparencia en la investigación académica, la formación en salud pública y el apoyo mutuo.
- Falsificación de notificaciones de fallecimiento: Calificó como una «perversidad» la acusación de haber reportado falsamente la muerte de menores con discapacidad ante las autoridades estatales para suspenderles sus apoyos económicos. Explicó que la narrativa es contradictoria para un colectivo que defiende la vida y, técnicamente, aclaró que la organización no tiene facultades para dicho trámite, ya que las defunciones son validadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la supervivencia se comprueba mediante la CURP.
- Violencia psicológica y represalias: Rechazó las versiones de maltrato interno o exclusión de integrantes, argumentando que las bajas ocurridas en el colectivo han sido por voluntad propia de las personas y que, una vez fuera de la agrupación, esta carece de facultades para gestionarles apoyos.
Exigencia de retiro de imágenes
Finalmente, el colectivo Cuidadoras Potosinas reiteró una enérgica solicitud dirigida a los medios de comunicación locales para que se retiren las fotografías de sus compañeras cuidadoras de las notas periodísticas referentes al conflicto.

Hernández Noriega argumentó que dichas imágenes son propiedad personal y del colectivo, tomadas originalmente en eventos legislativos oficiales —como la reciente aprobación del reconocimiento al cuidado y autocuidado en el estado de San Luis Potosí—. La activista advirtió que la exposición pública y descontextualizada de sus rostros vulnera los derechos humanos y la seguridad de las cuidadoras y sus familias.




