La diputada de Morena Gabriela López Torres acusó que la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezada por la priista Sara Rocha Medina, no solo evitó que la iniciativa ciudadana promovida por Artículo 19, periodistas y ciudadanos fuera presentada como tal, sino que ni siquiera permitió que varios diputados conocieran oficialmente el documento.
La legisladora sostuvo que la propuesta fue clasificada únicamente como correspondencia, una decisión que, aseguró, dejó sin información incluso a integrantes del propio Poder Legislativo. «Si yo tuve conocimiento de las iniciativas ciudadanas fue por ellos, no porque este Poder Legislativo nos las hiciera llegar», afirmó.
López Torres aseguró que alguien dentro del Congreso tomó atribuciones que no le corresponden al decidir que la propuesta ciudadana no fuera tratada como iniciativa legislativa. «Aquí se tomaron decisiones que no corresponden. Se decidió no turnarla como iniciativa y solo manejarla como correspondencia», denunció.
La diputada recordó que mientras la propuesta impulsada por organizaciones civiles quedó prácticamente fuera de la discusión legislativa, otras iniciativas ingresadas apenas la semana pasada ya fueron analizadas por comisiones, lo que, a su juicio, demuestra que el problema no es jurídico sino de voluntad política. «No me digan que no se puede. La iniciativa que vimos en la Comisión de Justicia llegó la semana pasada y ya se discutió. Es cuestión de voluntad», sostuvo.
Aunque evitó responsabilizar a un diputado en lo individual, López Torres dejó claro que la decisión corresponde a la Mesa Directiva del Congreso, órgano presidido por Sara Rocha Medina (PRI) e integrado además por las diputadas Mireya Vancini Villanueva, María Dolores Robles Chairez, Nancy Jeanine García Martínez, Diana Ruelas Gaitán y Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, instancia facultada para determinar el trámite parlamentario de las iniciativas.
La morenista cuestionó bajo qué criterio la propuesta ciudadana no fue reconocida formalmente como iniciativa, pese a que buscaba modificar el Código Penal y cumplía con los requisitos para ello. López Torres explicó que su propia iniciativa, presentada este lunes, responde directamente a las exigencias de periodistas, colectivos y organizaciones civiles que han cuestionado la constitucionalidad de la Ley Serrano.
Aclaró que no pretende crear nuevos delitos ni modificar los existentes, sino derogar los artículos más controvertidos mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma. La legisladora insistió en que el derecho penal debe ser el último recurso del Estado y advirtió que conceptos ambiguos como «crear alerta social» pueden convertirse en herramientas para afectar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Finalmente, sostuvo que ahora corresponderá a las comisiones decidir si su iniciativa avanza, pero advirtió que la ciudadanía podrá identificar qué diputados están dispuestos a debatir el tema y quiénes prefieren mantener intacta la legislación.
