La batalla legal por la venta de terrenos municipales ya comenzó a tener consecuencias económicas. El propio síndico del Ayuntamiento, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, reconoció que los amparos promovidos contra la subasta pública han generado incertidumbre entre los compradores y reveló que uno de los inversionistas ya analiza echarse para atrás por el conflicto jurídico que rodea el predio de Puerta de Piedra.
La declaración llega apenas días después de que un juez federal concediera la suspensión definitiva dentro del amparo 474/2026, resolución que mantiene frenada la venta del terreno donde vecinos desarrollaron un proyecto de Bosque Urbano y que se convirtió en el símbolo de la oposición ciudadana a la subasta impulsada por el gobierno municipal.
El funcionario admitió que el litigio ya comenzó a impactar la confianza de quienes participaron en el proceso de venta. Explicó que, aunque el Ayuntamiento logró adjudicar alrededor de 13 de los 18 inmuebles y ya recibió los primeros pagos, los recursos legales promovidos por ciudadanos han complicado algunas operaciones. Incluso confirmó que el comprador del predio de Puerta de Piedra está evaluando desistirse de la adquisición, precisamente por la incertidumbre jurídica que generan los amparos todavía en curso.
Mientras algunos jueces han negado suspensiones en otros casos, en Puerta de Piedra sí se concedió una medida cautelar para mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de la venta, situación que mantiene congelada la operación mientras el Poder Judicial resuelve el fondo del asunto.
El síndico señaló que el Ayuntamiento esperará el resultado de los juicios antes de decidir qué ocurrirá con los terrenos que aún no se han vendido, ya sea mediante una nueva convocatoria de subasta o con una estrategia distinta que determine el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
La administración municipal sostiene que la venta de estos predios busca financiar obras públicas prioritarias; sin embargo, el conflicto legal ya comienza a reflejar efectos más allá de los tribunales. Lo que inició como una inconformidad vecinal por la protección de un área verde ahora también pone en duda la certeza jurídica de la subasta. Y el primer efecto ya quedó al descubierto por el propio Ayuntamiento: la posibilidad de perder a uno de los compradores por el riesgo que representa el litigio de Puerta de Piedra.
con información de Pulso SLP
