SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. – El Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se ha negado a acatar una resolución dictada por la justicia federal. La orden judicial mandata levantar las sanciones impuestas contra una profesora investigadora de la Licenciatura en Criminología, quien fue separada de sus actividades docentes en una acción calificada como violatoria de sus derechos laborales, académicos y humanos.
De acuerdo con el expediente 938/2026, el Juzgado Tercero de Distrito concedió una suspensión provisional a la docente tras considerar que la medida aplicada por las autoridades universitarias resulta desproporcionada y afecta su honra. El órgano jurisdiccional determinó que no existen resoluciones definitivas ni pruebas de violaciones graves a la legislación interna que acrediten su responsabilidad. Además, se señaló que el CTC carece de facultades legales para emitir e imponer este tipo de sanciones punitivas.
La resolución del juez federal ordenó específicamente a la UASLP emitir una nueva determinación provisional en un plazo perentorio de 24 horas, limitando las acciones preventivas únicamente a evitar el contacto directo con los estudiantes denunciantes, sin que esto implicara una separación total de sus funciones. Sin embargo, el plazo venció y los integrantes del Consejo, así como la dirección de la Facultad de Derecho —encabezada por la maestra Georgina González Cázares—, mantienen el desacato de la instrucción judicial.
Conflicto interno y trasfondo administrativo
El origen del litigio se remonta a inconformidades pedagógicas presentadas por alumnos de Criminología. La situación escaló de manera pública cuando un grupo de estudiantes se manifestó en el Edificio Central de la institución para increpar al rector, el doctor Alejandro Zermeño Guerra. Los manifestantes exigían castigos contra la investigadora afectada y dos de sus compañeras, acusándolas de presionar al profesor de asignatura José Luis Carpio Domínguez para forzar su renuncia bajo el argumento de que le hacían «caras y gestos».
No obstante, reportes internos revelaron que el doctor Carpio Domínguez actualmente realiza una estancia posdoctoral presencial en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con una beca de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Pese a este compromiso, el académico ha mantenido físicamente la titularidad de la mayor carga de asignaturas en la Facultad de Derecho de la UASLP, presuntamente sin apegarse a los lineamientos del Contrato Colectivo de Trabajo ni de los organismos educativos correspondientes.
Aunado a esto, los estudiantes señalaron de manera equívoca la existencia de un oficio firmado por las docentes para destituir al coordinador de la carrera de Criminología, el maestro César Hernández Mier; documento que las instancias oficiales confirmaron como inexistente. Hernández Mier, profesor de tiempo completo originario del Estado de México, cuenta con un perfil público notorio tras haberse desempeñado como el perito privado encargado de la necropsia en el mediático caso de la menor Paulette Gebara Farah en el año 2010.
El desacato de las autoridades universitarias frente al amparo federal evidencia una severa crisis administrativa y jurídica dentro de la Facultad de Derecho, donde diversas voces exigen que las medidas disciplinarias institucionales se ajusten con estricto apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la legalidad.
