A casi un año de la controversia generada por declaraciones realizadas por funcionarios públicos durante un evento, el tema volvió a colocarse en la agenda pública luego de que la activista y defensora de derechos humanos Kenia Cuevas hiciera un llamado a reforzar el respeto, la capacitación institucional y la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual.
Durante una visita a San Luis Potosí, la reconocida activista recordó las expresiones que en agosto de 2025 provocaron el pronunciamiento de colectivas y organizaciones LGBTIQ+, las cuales consideraron que los comentarios emitidos podían contribuir a reproducir estigmas hacia esta población.
Cuevas señaló que las personas de la diversidad sexual no deben ser objeto de burlas ni de señalamientos en espacios públicos, particularmente cuando provienen de figuras con responsabilidades institucionales. «Nosotros no somos sus títeres ni somos sus chistes; somos seres humanos que tenemos derechos y que también somos contribuyentes en este país», expresó.
La defensora subrayó que la comunidad LGBT+ ha enfrentado históricamente condiciones de discriminación, exclusión y violencia, por lo que consideró necesario que las autoridades mantengan un discurso incluyente y promuevan acciones que fortalezcan el respeto a los derechos humanos. Además, hizo un llamado a construir puentes de colaboración entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para impulsar programas de capacitación dirigidos a servidores públicos y generar políticas públicas que atiendan las necesidades de las poblaciones históricamente vulneradas. «Hay que trabajar en conjunto con la sociedad civil y capacitar para que realmente existan medidas que impacten en la vida de las personas LGBTI», señaló.
Cuevas también advirtió que organizaciones defensoras de derechos humanos continúan documentando casos de discriminación en distintas entidades del país, por lo que consideró fundamental mantener una agenda permanente de inclusión y sensibilización. En ese contexto, recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas sin distinción alguna y destacó la importancia de preservar el carácter laico de las instituciones públicas.
Las declaraciones de la activista reavivaron un debate que comenzó en 2025, cuando diversas colectivas y asociaciones civiles solicitaron a las autoridades estatales adoptar medidas para prevenir expresiones que pudieran interpretarse como discriminatorias y fortalecer las acciones de inclusión dirigidas a la comunidad LGBT+.
