
Mientras periodistas, ciudadanos y la organización Artículo 19 exigen eliminar las reformas de la llamada “Ley Serrano” que castigan el uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí, el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, dejó claro que la legislación seguirá aplicándose y advirtió que cualquier persona que incurra en las conductas previstas por la norma podrá ser sancionada penalmente. “Hoy hay una norma vigente y evidentemente quien se encauce en esos supuestos es un delito y quien los cometa será un delincuente”, declaró el legislador.
Las declaraciones ocurren después de que tres periodistas potosinos, respaldados por Artículo 19, presentaran formalmente ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para derogar los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal, incorporados en 2025 para sancionar el denominado uso indebido de inteligencia artificial.
Los promoventes sostienen que la reforma contiene conceptos ambiguos y permite interpretaciones amplias que podrían utilizarse para perseguir expresiones críticas, publicaciones periodísticas o contenidos de interés público. Además, recuerdan que la legislación ya fue utilizada en el caso de las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, cuya detención detonó una ola de cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la libertad de expresión en San Luis Potosí.

Pese a ello, Serrano aseguró que la iniciativa será atendida y seguirá el trámite legislativo correspondiente. Incluso adelantó que los ciudadanos promoventes y representantes de Artículo 19 serán invitados a participar en los foros sobre inteligencia artificial que se realizarán en los próximos meses. El legislador insistió en que siempre ha respetado la libertad de expresión, pero defendió la necesidad de establecer reglas para páginas anónimas que, según afirmó, difunden información sin asumir responsabilidades ni permitir el ejercicio del derecho de réplica.
La discusión se desarrolla mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recurso que cuestiona la constitucionalidad de las reformas por considerar que podrían vulnerar principios de legalidad, seguridad jurídica y libertad de expresión.
En medio del debate, el alcalde Enrique Galindo Ceballos volvió a fijar una postura frontal contra la legislación y aseguró que, si estuviera en sus manos, ya la habría eliminado. “Si estuviera en mis manos derogar esa ley, lo habría hecho con motivo del Día de la Libertad de Expresión”, declaró. Galindo rechazó además los señalamientos de Serrano sobre una supuesta campaña en contra de la reforma y respondió que no es un “autor intelectual” de las críticas, sino un “actor material”, porque expresa públicamente su desacuerdo con la norma. El alcalde recordó que fue la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que llevó el caso ante la Suprema Corte y consideró que la intervención del organismo refleja la gravedad de los cuestionamientos que pesan sobre la legislación.




